Regulacíón laboral y desempleo

Claudio Palavecino 16 Sep 200916/09/09 a las 01:21 hrs.2009-09-16 01:21:16

(El Mercurio, martes 15 de septiembre)

La regulación laboral en Chile ha tendido a extender excesivamente el rol arbitrador e intervencionista del Estado, lo cual no contribuye a la generación del capital social que antecede al diálogo social.


La alta tasa de desempleo se ha convertido en un problema estructural de la economía chilena: en los últimos diez años un 50% del tiempo hemos estado por encima del 9,5%, y las condiciones para las mujeres y los jóvenes son bastante peores.

En períodos de crisis, el desempleo se agrava, y volver a la normalidad toma un tiempo excesivo. Las causas de estos hechos están en el mal funcionamiento del mercado de trabajo, y si bien se trata de un panorama que es viejo, hay estudios empíricos que permiten afirmar que la regulación laboral está agravando esta situación, alejándonos de un mercado basado en relaciones de cooperación entre los actores sociales, por lo que es el momento de revisar y enmendar este rumbo.

El deficiente funcionamiento del mercado de trabajo en Chile ha sido uno de los temas recurrentes de los análisis de la OCDE. Aparte del elevado desempleo, la tasa de participación femenina es de 39% en Chile y de 57% en los países miembros. En los jóvenes de entre 15 y 24 años, la participación es de 31% en Chile y de 50% en las economías desarrolladas. La diferencia no está en los que estudian, sino en la baja empleabilidad de este grupo, lo que también se refleja en una desocupación que más que duplica al promedio nacional.

Negativos efectos

Hay tres materias que han concentrado la mayor parte del debate sobre la regulación del mercado de trabajo. Primero, la heterogeneidad en los niveles de protección que tienen los trabajadores: mientras para algunos es cero, para otros es mayor que los estándares internacionales. Los primeros padecen la inestabilidad, casi nula capacitación y estancamiento de su productividad; los segundos, en cambio, tienen indemnizaciones más altas que en muchos países desarrollados, lo que lleva a que las empresas no formalicen los contratos de trabajo e inviertan poco en su capital humano.

La consecuencia es que estamos perpetuando un mercado laboral segmentado que exacerba la desigualdad de oportunidades y de ingresos. Los esfuerzos por establecer un seguro de desempleo acorde a nuestro nivel de desarrollo no han logrado cumplir con la promesa que se formuló cuando se discutió el proyecto, y las reformas posteriores han sido insuficientes para corregir esta situación.

El segundo tema que produce discrepancia es la subcontratación, que ha sido el camino que las empresas siguieron para buscar la flexibilidad que no tenían por otras vías. Nuevamente nos encontramos con la segmentación entre los trabajadores con un contrato regular y los que tienen un contrato distinto. La reforma de 2007 buscó resolver los excesos en que se había caído con el uso de este mecanismo, pero los criterios que se aplicaron en la regulación de la ley generaron nuevas dificultades, que no permiten despejar esta materia.

El tercer tema es la distribución de la jornada laboral, donde las partes tienen muy limitadas posibilidades de reasignar el tiempo de trabajo, aun cuando logren un acuerdo entre ellas. Reformas para que las normas sobre el período de trabajo sean más flexibles podrían ser muy beneficiosas para la productividad, y también para las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. Además, en la mayoría de los países desarrollados el trabajo a tiempo parcial se expande aceleradamente, hasta adquirir una significación en el mercado de trabajo. En cambio, el proceso ha sido muy tibio en Chile, afectando negativamente las oportunidades de las mujeres.

Cuando se plantean fórmulas para resolver estas materias se insiste -con razón- en que el diálogo social es indispensable para viabilizar estas reformas y que allí está el principal impedimento para avanzar. En efecto, las relaciones laborales en Chile están cruzadas por la desconfianza, con una baja cobertura en la sindicalización y con alto incumplimiento en las normas laborales.

Sin embargo, hay una pista para salir de esta inmovilidad, porque investigaciones empíricas para los países desarrollados encuentran que existe una correlación negativa entre la regulación en el mercado de trabajo y la calidad de las relaciones laborales. Aquellos países que promueven un ambiente de negociación directa entre las partes generan mayor confianza entre ellas en las relaciones laborales. En contraste, cuando la autoridad asume el rol de "arbitrador" entre los grupos involucrados, sustituyendo a la negociación directa, se producen mayores conflictos y menos grados de cooperación. En esta línea de análisis, la regulación laboral en una sociedad tendrá un alto efecto -positivo o negativo- en la calidad de las relaciones laborales que existirán en el futuro.

Esta causalidad entre relaciones laborales y regulación laboral opera en ambas direcciones: por una parte, bajos niveles de confianza generan una demanda por intervencionismo estatal y, por la otra, una regulación más fuerte impide que se desarrollen relaciones de colaboración entre los actores sociales. Por esta razón, los países tienden a caer en situaciones de las cuales les resulta difícil -aunque no imposible- escapar.

La regulación laboral en Chile ha tendido a extender excesivamente el rol arbitrador e intervencionista del Estado, lo cual no contribuye a la generación del capital social que antecede al diálogo social. Estas prácticas no producen las condiciones para que las interacciones entre los grupos sociales maduren y puedan generar una base de confianza que les permita resolver sus diferencias con mutuo beneficio.

Chile enfrenta el desafío de crear más empleos para dar oportunidades de progreso a todos los grupos sociales. En este nuevo contexto, la calidad de las relaciones laborales y el estilo de la regulación adquieren relevancia, por su influencia en el funcionamiento del mercado del trabajo.

Jorge Marshall
Director Expansiva UDP.
Última Modificación 16 Sep 200916/09/09 a las 12:53 hrs.2009-09-16 12:53:16
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Comentarios

  • Cristián Pablo Ramírez Soto

    20 Sep 200920/09/09 a las 19:26 hrs.2009-09-20 19:26:20

    Más allá del análisis histórico, la dicotomía entre empleadores y trabajadores se ha complejizado bastante en el transcurso de los últimos años. La sindicalización es una alternativa en la medida que en la empresa tengan cabida material los sindicatos grandes y organizados, de eso no cabe duda. El problema es que pareciera ser que el mayor nivel de desprotección, atendido el crecimiento del comercio y los servicios en la economía nacional, es en las pequeñas organizaciones. En ese sentido la sindicalización es escaso aporte para defender los derechos en empresas de 2 o 3 trabajadores, que tienen más problemas para recibir sus sueldos a tiempo, tener sus cotizaciones al día y para reclamar sus derechos que para aquellos que trabajan ni siquiera en las grandes corporaciones, si no en empresas de 30 o más trabajadores con un sindicato pequeño. No hay que olvidar que la mayor cantidad de conflictos por afectación de derechos individuales se da en los pequeños locales, no en las grandes empresas, y son esos los más pequeños los que tienen que cumplir las regulaciones laborales sin perder competitividad. No hay que desregular el mercado laboral ni eliminar el rol del estado, sino nivelar la regulación y buscar formas efectivas de equiparar el rol social de empleadores y trabajadores.

  • Juan Carlos Rubio Plaza

    19 Sep 200919/09/09 a las 13:59 hrs.2009-09-19 13:59:19

    No me cabe duda de que nuestro país necesita, en materia laboral, un claro intervencionismo del Estado, o alguien me podrá decir que estamos frente a una relación en que las partes son iguales, claramente no. Es importante recordar el por qué del proteccionismo al trabajador y el por qué el Estado tiene tal objetivo. La Revolución Industrial redujo a los obreros a la calidad de meros medios para la elaboración de un producto final, esto produjo la disconformidad de este gran grupo de personas lo que luego derivó en grandes movimientos obreros, movimientos de los cuales Chile no fue la excepción. Con esto quiero señalar que el intervencionismo del Estado no es gratuito, sino que más bien es producto de lo que llamo “mal menor”, el Estado en pro de su subsistencia y de sus intereses debe dar o a lo menos asegurar las condiciones mínimas de mantenimiento y seguridad a los trabajadores.
    No me cabe duda de que el diálogo entre ambas partes (trabajador y empleador) es la solución, pero esto sólo lo puedo concebir cuando empleador y trabajador se miren de “igual a igual”, esto último, por lo menos en Chile, sólo sucede cuando los trabajadores se unen, es decir cuando forman un sindicato, pero no cualquier sindicato, sino aquel que pueda hacer contrapeso al poder del empleador (por ejemplo sindicato de empresas mineras).
    Entonces, en nuestro país sólo es viable dar paso a la flexibilidad laboral, reducción del intervencionismo estatal, en conclusión del “diálogo laboral” cuando las partes se miren como iguales, y se den cuenta de que ambas son igualmente importantes (cuestión que se logrará, por lo menos en Chile, con una mayor sindicalización) antes de lo anterior el diálogo sobre esas materias sólo significará el provecho de una de las partes (empleador).

  • Cristián Pablo Ramírez Soto

    17 Sep 200917/09/09 a las 15:03 hrs.2009-09-17 15:03:17

    Por muy empíricos que sean los estudios que respaldan la tesis en paises desarrollados, desconoce que en la inmensa mayoría de los países desarrollados occidentales el dialogo social ha recorrido un camino muy distinto al que se utiliza en Chile. Pensar que porque a otras economías (visto a posteriori) les ha resultado no parece ser un criterio suficiente (aunque si considerable) para sustenar la tesis. El problema en Chile parece darse más por un problema de desconfianza cultural entre los dos actores de la relación laboral, que no se sustenta sólo en el rol del Estado como intermediario. Sería más constructivo ver cuáles son las medidas que han llevado a países con características similares a Chile a salir del subdesarrollo y ver su posible importación, o bien dejar de mirar tanto hacia afuera y empezar a pensar bien con que criterios podemos reformar nuestro mercado laboral. En ese sentido parece urgente (y no se puede más que concordar con el artículo) equiparar las condiciones y garantías de todos los trabajadores, así como establecer una legislación laboral más responsable con las dos partes involucradas.