Declaración Pública del Decano de Favet, Prof. Santiago Urcelay
Carolina Elgueta 15 Jun 201815/06/18 a las 11:38 hrs.2018-06-15 11:38:15
Declaración Pública del Decano de Favet, Prof. Santiago Urcelay
La máxima autoridad de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias se pronuncia respecto de los últimos acontecimientos relacionados con las reivindicaciones feministas y la denuncia realizada contra un ex académico de la unidad.
Estimada Comunidad Universitaria:
Frente a los movimientos que se han instalado en la Universidad, que buscan manifestar los problemas de género que se han ocurrido no sólo dentro de nuestra casa de estudio, sino como reivindicación de la búsqueda por el respeto, e igualdad, más allá de los géneros o cualquier diferencia arbitraria; y frente a las diferentes denuncias realizadas por estudiantes y académicas de nuestra facultad, es necesario señalar que las autoridades y miembros de las Facultades e Instituto que componen el Campus Sur, solidarizan, y están comprometidas con estos movimientos.
Respecto a la denuncia realizada en contra del ex académico de nuestra Universidad, el Señor Víctor Toledo González, ex Profesor Asistente de la Unidad de Anatomía del Departamento de Patología de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad, es necesario indicar que las denuncias realizadas concluyeron con la destitución del académico en cuestión, al establecerse que tuvo acciones impropias por parte del académico, lo cual constituye una infracción al estatuto administrativo (art. 61 letras g) e i) de la Ley 18834), los que fueron cometidos con la agravante de existir un abuso en la posición de “profesor-alumna”. Habiéndose aplicado la máxima medida disciplinaria, es que el ex académico queda inhabilitado para ejercer cargos públicos durante un periodo de cinco años, desde la fecha de la notificación de la sanción.
El procedimiento fue llevado conforme a las normas y principios que le regulan (DFL 29 del Ministerio de Hacienda, el cual Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 18.834, sobre estatuto administrativo). El procedimiento fue iniciado por una denuncia formal recibida por este Decano en el mes de marzo de 2016, conforme a lo anterior, se dictó la Resolución Exenta 248 del 21 de marzo de 2016, de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, que tuvo por objeto designar al Fiscal que investigaría los hechos señalados en la denuncia, con objetividad e imparcialidad. Conforme establece el Estatuto Administrativo, y a las facultades entregadas, el Fiscal se procedió a suspender con fecha 31 de mayo de 2016 al académico denunciado, con la finalidad de obtener el mejor éxito de la investigación, y la protección de los intervinientes en ella.
La autoridad que suscribe el siguiente documento señala que no hubo intención de ocultar información. Tal como se indica en el artículo 137 del Estatuto Administrativo, el procedimiento debe ser llevado con el correspondiente resguardo, el cual implica que no puede ser dado a conocer públicamente y que, una vez agotadas todas las instancias procedimentales (después que haya quedado totalmente tramitado el acto de término) puede ser dado a conocer, sin que tenga la autoridad la obligación legal de informar el resultado de estos casos. En el caso en comento todo ello ocurrió con la toma de razón de la Contraloría, y su posterior notificación (26 de marzo de 2018).
Con todo, es necesario señalar que se dieron a conocer los resultados de este procedimiento disciplinario en el Consejo de Facultad, así como a todos los solicitantes, a través de los canales correspondientes, como se indica en la ley “Sobre Acceso a la Información Pública” (Ley 20.285), una vez agotadas todas las instancias de impugnación a la decisión seguida en el procedimiento investigativo.
Reiteramos que estamos conscientes de la extrema gravedad de los hechos denunciados, los que afectan a la convivencia interna, como las confianzas y el bienestar de los miembros de la comunidad de la Facultad. Igualmente vemos que el sistema administrativo falló en su conjunto. En efecto, se constata el excesivo plazo requerido para dar finalizado el proceso, que se prolongó por más de un año, debido a la gran cantidad de prueba presentada, y a los plazos legales implicados. No obstante, este Decano actuó oportunamente, una vez requerido formalmente. Asimismo, es necesario tener presente que, como comunidad, sufrimos de la falta de un cuerpo normativo que regule, en el ámbito universitario, procedimientos que tengan como principal objetivo jurídico proteger a las víctimas de las conductas impropias acreditadas.
En este orden de ideas, es dable celebrar el avance que ha significado en esta materia la dictación de la Ley N°21.094, sobre universidades estatales, texto normativo que en su artículo 49 dispone, por una parte, que “Las prohibiciones para el personal académico y no académico de las universidades del Estado, relativas a actos atentatorios a la dignidad de los demás funcionarios, incluido el acoso sexual, el acoso laboral y la discriminación arbitraria, se entenderán referidas también a conductas del mismo tipo que resulten atentatorias a la dignidad de estudiantes, y de toda persona vinculada, de cualquier forma, a las actividades de la respectiva institución” (inciso primero); y, por otra, “que en los procedimientos instruidos para determinar la responsabilidad administrativa en este tipo de casos, las víctimas y personas afectadas por las eventuales infracciones tendrán derecho a aportar antecedentes a la investigación, a conocer su contenido desde la formulación de cargos, a ser notificadas e interponer recursos en contra de los actos administrativos, en los mismos términos que el funcionario inculpado” (inciso segundo).
Reitero que nuestro compromiso es por el respeto a la institucionalidad y su normativa, la mantención de la armonía de todos los miembros de la comunidad universitaria, en una actitud de respeto entre todos.
Se despide cordialmente a todos.
Santiago Urcelay Vicente
Decano
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias
Universidad de Chile
Jueves 14 de junio de 2018
La máxima autoridad de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias se pronuncia respecto de los últimos acontecimientos relacionados con las reivindicaciones feministas y la denuncia realizada contra un ex académico de la unidad.
Estimada Comunidad Universitaria:
Frente a los movimientos que se han instalado en la Universidad, que buscan manifestar los problemas de género que se han ocurrido no sólo dentro de nuestra casa de estudio, sino como reivindicación de la búsqueda por el respeto, e igualdad, más allá de los géneros o cualquier diferencia arbitraria; y frente a las diferentes denuncias realizadas por estudiantes y académicas de nuestra facultad, es necesario señalar que las autoridades y miembros de las Facultades e Instituto que componen el Campus Sur, solidarizan, y están comprometidas con estos movimientos.
Respecto a la denuncia realizada en contra del ex académico de nuestra Universidad, el Señor Víctor Toledo González, ex Profesor Asistente de la Unidad de Anatomía del Departamento de Patología de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad, es necesario indicar que las denuncias realizadas concluyeron con la destitución del académico en cuestión, al establecerse que tuvo acciones impropias por parte del académico, lo cual constituye una infracción al estatuto administrativo (art. 61 letras g) e i) de la Ley 18834), los que fueron cometidos con la agravante de existir un abuso en la posición de “profesor-alumna”. Habiéndose aplicado la máxima medida disciplinaria, es que el ex académico queda inhabilitado para ejercer cargos públicos durante un periodo de cinco años, desde la fecha de la notificación de la sanción.
El procedimiento fue llevado conforme a las normas y principios que le regulan (DFL 29 del Ministerio de Hacienda, el cual Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley 18.834, sobre estatuto administrativo). El procedimiento fue iniciado por una denuncia formal recibida por este Decano en el mes de marzo de 2016, conforme a lo anterior, se dictó la Resolución Exenta 248 del 21 de marzo de 2016, de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, que tuvo por objeto designar al Fiscal que investigaría los hechos señalados en la denuncia, con objetividad e imparcialidad. Conforme establece el Estatuto Administrativo, y a las facultades entregadas, el Fiscal se procedió a suspender con fecha 31 de mayo de 2016 al académico denunciado, con la finalidad de obtener el mejor éxito de la investigación, y la protección de los intervinientes en ella.
La autoridad que suscribe el siguiente documento señala que no hubo intención de ocultar información. Tal como se indica en el artículo 137 del Estatuto Administrativo, el procedimiento debe ser llevado con el correspondiente resguardo, el cual implica que no puede ser dado a conocer públicamente y que, una vez agotadas todas las instancias procedimentales (después que haya quedado totalmente tramitado el acto de término) puede ser dado a conocer, sin que tenga la autoridad la obligación legal de informar el resultado de estos casos. En el caso en comento todo ello ocurrió con la toma de razón de la Contraloría, y su posterior notificación (26 de marzo de 2018).
Con todo, es necesario señalar que se dieron a conocer los resultados de este procedimiento disciplinario en el Consejo de Facultad, así como a todos los solicitantes, a través de los canales correspondientes, como se indica en la ley “Sobre Acceso a la Información Pública” (Ley 20.285), una vez agotadas todas las instancias de impugnación a la decisión seguida en el procedimiento investigativo.
Reiteramos que estamos conscientes de la extrema gravedad de los hechos denunciados, los que afectan a la convivencia interna, como las confianzas y el bienestar de los miembros de la comunidad de la Facultad. Igualmente vemos que el sistema administrativo falló en su conjunto. En efecto, se constata el excesivo plazo requerido para dar finalizado el proceso, que se prolongó por más de un año, debido a la gran cantidad de prueba presentada, y a los plazos legales implicados. No obstante, este Decano actuó oportunamente, una vez requerido formalmente. Asimismo, es necesario tener presente que, como comunidad, sufrimos de la falta de un cuerpo normativo que regule, en el ámbito universitario, procedimientos que tengan como principal objetivo jurídico proteger a las víctimas de las conductas impropias acreditadas.
En este orden de ideas, es dable celebrar el avance que ha significado en esta materia la dictación de la Ley N°21.094, sobre universidades estatales, texto normativo que en su artículo 49 dispone, por una parte, que “Las prohibiciones para el personal académico y no académico de las universidades del Estado, relativas a actos atentatorios a la dignidad de los demás funcionarios, incluido el acoso sexual, el acoso laboral y la discriminación arbitraria, se entenderán referidas también a conductas del mismo tipo que resulten atentatorias a la dignidad de estudiantes, y de toda persona vinculada, de cualquier forma, a las actividades de la respectiva institución” (inciso primero); y, por otra, “que en los procedimientos instruidos para determinar la responsabilidad administrativa en este tipo de casos, las víctimas y personas afectadas por las eventuales infracciones tendrán derecho a aportar antecedentes a la investigación, a conocer su contenido desde la formulación de cargos, a ser notificadas e interponer recursos en contra de los actos administrativos, en los mismos términos que el funcionario inculpado” (inciso segundo).
Reitero que nuestro compromiso es por el respeto a la institucionalidad y su normativa, la mantención de la armonía de todos los miembros de la comunidad universitaria, en una actitud de respeto entre todos.
Se despide cordialmente a todos.
Santiago Urcelay Vicente
Decano
Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias
Universidad de Chile
Jueves 14 de junio de 2018
| Última Modificación | 15 Jun 201815/06/18 a las 11:38 hrs.2018-06-15 11:38:15 |
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