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• Civil > Responsabilidad Precontractual
• Ministros
• Adalís Oyarzún Miranda
• Guillermo Silva Gundelach
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• Legislación Aplicada
• Código Civil art 1437
• Código Civil art 1445
• Código Civil art 2284
• Código Civil art 578
• Sentencia: Completa
• Tribunal Base
• Corte de Apelaciones
• Corte Suprema
N° Legal Publishing: 47653Corte Suprema, 11/01/2011, 5484‑2009Banco Bice con Inmobiliaria e inversiones El Pellín Limitada y otrosTipo: Recurso de Casación en el FondoResultado: Rechazado
Descriptor
Cobro de pesos; rechazado. Principios del derecho de los contratos. Principio de autonomía de la voluntad. Fuentes de las obligaciones. Hecho lícito y voluntario de una persona. Declaración unilateral de voluntad constituye una fuente de las obligaciones. Concepto de declaración unilateral de la voluntad. Formación del consentimiento. Proceso de “iter contractual”. Procedimiento previo que tienen algunas convenciones. Carta de compromiso que genera obligaciones. Estipulaciones de carácter vinculante.
Doctrina
I. En el derecho de los contratos en materia civil rige el principio base de la autonomía de la voluntad, según el cual las personas pueden concluir todos los actos y convenciones que no estén expresamente prohibidos por las leyes, el cual origina otros principios específicos, como la libertad contractual, el consensualismo, la fuerza obligatoria y el efecto relativo de lo acordado. Tales principios, derivados de la doctrina clásica, han tenido diversas limitaciones y excepciones, las que sin duda los precisan, pues en todo cuanto no se les afecte, restringiéndolos o se disponga una norma que establezca efectos diversos, tienen plena y completa aplicación. El legislador podrá regular las materias que estime correspondiente dotar de un estatuto especial, pero en aquellos casos en que no ocurra se formará el consentimiento, que es obligatorio para las partes, por la sola manifestación de voluntad coincidente que expresen los contratantes (considerando 6º, sentencia Corte Suprema)

 II. Del examen de los artículos 578, 1437 y 2284 del Código Civil se desprende el principio que el hecho lícito y voluntario de una persona es suficiente para ser obligada. En una interpretación sistemática de nuestro ordenamiento legal, corresponde tener presente que a tales principios se añade el desarrollado por el Código de Comercio, en cuanto a que la declaración unilateral de voluntad es fuente de obligaciones, tanto al reglar la formación del consentimiento, cuanto al reglamentar diferentes actos particulares, en especial la promesa de recompensa. Del mismo modo la legislación especial ha dotado de efecto vinculante a actos unilaterales tales como la Ley sobre Cuentas Corriente Bancarias y Cheques y la Ley sobre Letra de Cambio y Pagaré. En consecuencia, constituyen fuente de obligaciones tanto el hecho lícito y voluntario de las personas, la declaración unilateral de voluntad, la convención, la ley y todo hecho que irrogue daño a otra persona, si el legislador expresamente no contempla una causa de exclusión o justificación de la misma (considerando 7º, sentencia Corte Suprema)

 La declaración unilateral de voluntad, conocida también como promesa unilateral, forma parte de aquellas fuentes voluntarias de obligaciones, en que el deudor se obliga, sea con acuerdo del acreedor, en cuyo caso se estará en presencia de un contrato, o bien por su sola voluntad que lo transforma en deudor, sin intervención de la de otro. Se autoimpone por su sola voluntad a satisfacer una obligación que no puede negarse a cumplirla una vez aceptada por el acreedor, ampliando de esta forma la esfera jurídica de éste; no es necesaria la voluntad del tercero para el nacimiento de la obligación, puesto que ella solo requiere la voluntad de aquel que se obliga. No se trata de una obligación nacida de la oferta seguida de la aceptación que hace irrevocable la primera, como postula la doctrina clásica, sino de un acto que hace surgir la obligación con cargo exclusivo a la voluntad del declarante, sin que el beneficiario manifieste su aceptación (considerando 9º, sentencia Corte Suprema)

 A mayor abundamiento, en la actualidad existe un sinnúmero de operaciones mercantiles que escapan a la teoría clásica de los contratos, que pretenden afianzar o reforzar comercialmente una operación, con la finalidad, entre tantas, de contribuir al mejor posicionamiento de una parte ante la otra, y que de acuerdo a su destino, podrán contener estipulaciones con carácter vinculantes, dependiendo de la existencia de obligaciones entre sus cláusulas, en cuyo caso, se apartan de las cartas de intención propiamente dichas o de declaración de buena voluntad y constituyen ya sea declaraciones unilaterales de voluntad, precontratos o bien contratos definitivos, debiendo ceñirse las obligaciones, en el primer caso, a las disposiciones de quienes las hayan otorgado, con respeto al orden público y a derechos de terceros, según las reglas generales aplicables a los contratos (considerando 11º, sentencia Corte Suprema)

 III. En relación con la formación del consentimiento, doctrina y jurisprudencia reconocen la existencia de un proceso de “iter contractual”, que distingue las distintas etapas de este proceso y el resultado final. Reconociendo el procedimiento previo que tienen algunas convenciones, se han determinado y denominado de distinta manera cada una de las etapas, entre las que se reconocen: negociaciones preliminares, puntualización, tratativas, oferta, cierre de negocios, contrato preparatorio y contrato definitivo. Estas actuaciones pueden estar en secuencia, como también ser omitidas y llegar inmediatamente al contrato definitivo. El principio de autonomía de la voluntad, como los que derivan de éste, permiten acordar libremente tales actuaciones, las que tienen efecto vinculante, de manera tal que el incumplimiento imputable al deudor es posible que genere la responsabilidad civil pertinente (considerando 7º, sentencia Corte Suprema)

 IV. En la especie, la carta de compromiso en que el demandante sustenta su pretensión se encuadra, en un sentido amplio, dentro del concepto de hecho voluntario a que se refiere el artículo 1437 del Código Civil y reúne los requisitos de su artículo 1445. En efecto, se trata de una obligación determinada, asumida por los suscribientes a raíz del incumplimiento de ciertas conductas u obligaciones que se detallan, manifestada con un objetivo específico y concreto, el pago bajo ciertas condiciones de la deuda de un tercero, que conforme al instrumento, si bien se refiere a una persona jurídica diversa y que no comparece al acto, se encuentra vinculada con cada una de las demandadas por lazos societarios que las llevó a adquirir las obligaciones de que se trata. Así las cosas, no puede sostenerse que la carta corresponda a una declaración simplemente moral o de buena voluntad, que no impone obligación alguna para sus suscribientes. Sin embargo, aun cuando los sentenciadores incurren en error de derecho al estimar que la carta en que el demandante sustenta su pretensión no es generadora de obligaciones, tal infracción carece de influencia en lo dispositivo del fallo, lo que impide acoger el recurso de casación en el fondo, desde que, con el mérito de los antecedentes que obran en el proceso y que fueron establecidos por los jueces del fondo, no se logra vislumbrar que se hayan verificado los presupuestos que pudieran hacer procedente la acción de cobro de pesos deducida, en especial la naturaleza y monto de los perjuicios, los cuales no se reservó para la fase de cumplimiento o ejecución del fallo declarativo (considerandos 10º y 12º, sentencia Corte Suprema).
Legislación aplicada en el fallo :
Código Civil art 1437;  CC_AR‑1437 Código Civil art 1445;  CC_AR‑1445 Código Civil art 2284;  CC_AR‑2284 Código Civil art 578;  CC_AR‑578
Ministros:
Adalís Oyarzún Miranda; Guillermo Silva Gundelach; Juan Araya Elizalde; Margarita Herreros Martínez; Sergio Muñoz Gajardo
Texto completo de la Sentencia
Santiago, martes once de abril de dos mil seis.

 Vistos:

 A fojas y en representación del Banco Bice, sociedad del giro de su denominación, ambos domiciliados en calle Teatinos Nº 200, piso 10, Santiago, quien deduce demanda en contra de las sociedades Inmobiliaria e inversiones El Pellín Limitada, Inversiones las Cepas Limitada, Inversiones Los Notros Limitada, Inversiones Las Espalderas Limitada, Vergara Rourke y Compañía Limitada, todas ellas sociedades de inversión, representadas la primera de ellas por doña Juanita Patricia Rourke Ramírez, dueña de casa, y por el mismo don Sergio Vergara Rourke, la tercera por doña María de los Ángeles Vergara Rourke, dueña de casa, la cuarta por doña Patricia Isabel Vergara Rourke, dueña de casa, y la última por don Marías Vergara Rourke, ingeniero comercial, todos con domicilio en Avenida Vitacura Nº 9.990, oficina 309, de la comuna de Vitacura, teniendo además, las demandadas el domicilio de sus representantes: doña Juanita Patricia Rourke Ramírez, calle La Manada Nº 11.349, Lo Barnechea, don Sergio Vergara Rourke calle Santa Blanca Nº 2295, Lo Barnechea, doña María de los Ángeles Vergara Rourke, calle La Manada Nº 11.399, Lo Barnechea, doña Patricia Isabel Vergara Rourke, calle Las Nieves Nº 3477, piso 14 departamento 143, Lo Barnechea, a fin de que se condene a cada una de ellas a pagar a su representada, en iguales proporciones, las correspondientes sumas estipuladas en los pagarés que detalla en el cuerpo de su demanda, que a las fechas indicadas en el mismo, ascienden en capital a la cantidad de $374.535.784.– respecto de las deudas indirectas, y la suma de 32.667,1577 Unidades de Fomento, pagadera por su equivalente en pesos moneda nacional, respecto de las deudas directas, más los intereses pactados en los respectivos documentos, todo ello con costas.

 Como fundamento de su acción señala que consta en el documento fechado el 18 de octubre de 1996, que las demandadas en el caso de no cumplimiento de las obligaciones y compromisos establecidos en el mismo documento, se obligaron a pagar todas las deudas directas e indirectas que la sociedad Inversiones Villarrica Limitada, mantenga con el Banco Bice.

 Que se infringieron los compromisos u obligaciones establecidos en los números 4 y 8 del documento según pasa a señalar:

 1.– En el Nº 4 se establece que las demandadas pos sí y en representación de Inversiones Villarrica Limitada, se obligaron a que esta última no cedería ni enajenaría activos fijos o financieros que representen más del 50% de los mismos, entendidos estos últimos como las inversiones o participaciones en otras sociedades, sin previo aviso del Banco Bice; que ello fue motivo de infracción, por cuanto la sociedad Inversiones Villarrica Limitada, a diciembre de 1977 mantenía inversiones en activos fijos financieros por un monto histórico de $8.081.000.000.–, situación que cambió a diciembre de 1998, desapareciendo la totalidad de las inversiones que Inversiones Villarrica Limitada mantenía en su cuenta “activo fijo . Al efecto señala que entre mayo y julio de 1998 la sociedad mencionada, sin el previo consentimiento del Banco Bice procedió a la enajenación de la totalidad de Inversiones que mantenía en las sociedades Santo Tomás Asesorías e Inversiones Casablanca, Casablanca Limitada, Inversiones Andes Limitada, y otras sociedades.

 Por otro lado, al día 31 de julio de 1998 la sociedad Inversiones Villarrica Limitada envió una carta al Banco Bice en la cual reconoce que el día 4 de mayo de 1998 enajenó sus derechos en las sociedades Casablanca Limita y Forestal y Ganadera Limitada, manifestando, también, que la sociedad Santo Tomás Asesorías e Inversiones Limitada, conjuntamente con la sociedad Inversiones Financieras Limitada, vendieron la Financiera Condell a “Corp Group .

 2.– En el Nº 8 se dispone que él o los avisos a que se refieren los números 4º, 5º, 6º y 7º del antes aludido documento, referente a la autorización previa del Banco Bice para ceder o enajenar activos fijos o financieros que representen más del 50% de los mismos, debieron haber sido enviados a este último con una anticipación previa de 60 días corridos a contar de la fecha que hubieran acontecido los hechos en cuestión, pactándose expresamente que el Banco Bice se podía oponer a la realización de la operación informada por Inversiones Villarrica Limitada y, en el evento que esta última persistiere en su ejecución, se debían prepagar totalmente las deudas que se encontraren pendientes. Que es el caso que el Banco Bice no recibió ninguna carta o solicitud de Inversiones Villarrica Limitada con motivo de la venta que realizó de sus activos; que lo único que recibió fue la aludida carta de 31 de julio de 1998 en la cual le informaba que había enajenado la totalidad de sus activos fijos, a partir de mayo de ese año, destacándose la enajenación de aquellos derechos en sociedades en las cuales compartía la propiedad con el señor Santiago Cummis Marín.

 Continúa señalando que la infracción del sistema estipulado en la referida carta de 18 de octubre de 1996, significa que las demandas se encuentran obligadas a pagar todas las deudas directas e indirectas que la sociedad Inversiones Villarrica Limitada mantiene con el Banco Bice.

 Que las deudas indirectas en cuestión se encuentran documentadas en pagarés suscritos por Inmobiliaria Ginebra S.A., figurando en todos ello como avalistas, la sociedad Inversiones Villarrica Limitada, siendo estos los siguientes:

 a. Pagaré suscrito el día 10 de enero de 1997 por una suma original de $25.000.000.– con fecha de vencimiento el día 6 de febrero de 1997; el capital adeudado devenga una tasa de interés de 1,19% mensuales, en los que corresponde pagar conjuntamente con el capital a la fecha de vencimiento ya indicada; que con posterioridad a su vencimiento dicho pagaré fue prorrogado en 16 oportunidades suscribiéndose la última prórroga con fecha 2 de julio de 1998. Que el pagaré devengó la suma de $912.000.– por concepto de intereses desde la fecha de la última prórroga hasta la de su vencimiento, y a partir de esta última fecha y hasta la de su pago efectivo, se devenga por concepto de interés penal, el interés máximo convencional permitido estipular, de conformidad con lo establecido en el pagaré, el que se calcula sobre el capital más los intereses convencionales devengados hasta el día del vencimiento los que se capitalizan. Que dicho pagaré no fue pagado a la fecha de vencimiento de la última prórroga, por lo que de conformidad a los estipulado en él, se hizo exigible el total de lo adeudado, devengándose, además desde esa fecha y hasta su pago efectivo, intereses de acuerdo con la tasa de interés máximo convencional permitido estipular.

 b. Pagaré suscrito el día 23 de julio de 1997 por una suma original de $200.000.000.– con fecha de vencimiento el día 21 de agosto de 1997; el capital adeudado devenga una tasa de interés de 1,5% mensuales, en los que corresponde pagar conjuntamente con el capital a la fecha de vencimiento ya indicada; que con posterioridad a su vencimiento dicho pagaré fue prorrogado en 10 oportunidades suscribiéndose la última prórroga con fecha 20 de julio de 1998, por un capital de $200.000.000.– más intereses del de 1,45% mensuales con fecha de vencimiento el día 19 de agosto de 1998. Que el pagaré devengó la suma de $2.900.000.– por concepto de intereses desde la fecha de la última prórroga hasta la de su vencimiento, y a partir de esta última prórroga hasta la de su vencimiento, y a partir de esta última fecha y hasta la de su pago efectivo, se devenga por concepto de interés penal, el interés máximo convencional permitido estipular, de conformidad con lo establecido en el pagaré, el que se calcula sobre el capital más los intereses convencionales devengados hasta el día del vencimiento los que se capitalizan. Que dicho pagaré no fue pagado a la fecha de vencimiento de la última prórroga, por lo que de conformidad a lo estipulado en él, se hizo exigible el total de lo adeudado, devengándose, además desde esa fecha y hasta su pago efectivo, intereses de acuerdo con la tasa de interés máximo convencional permitido estipular; 

 c. Pagaré suscrito el día 22 de octubre de 1996 por una suma original de $400.000.000.– con fecha de vencimiento el día 21 de noviembre de 1996; el capital adeudado devenga una tasa de interés de 1,45% mensuales, en los que corresponde pagar conjuntamente con el capital a la fecha de vencimiento ya indicada; que con posterioridad a su vencimiento dicho pagaré fue prorrogado en 9 oportunidades suscribiéndose la última prórroga con fecha 23 de julio de 1997, por un capital de $400.000.000.– equivalentes a esa forma a 14.658,5975 Unidades de Fomento, pagaderos en pesasen 72 cuotas mensuales de capital e intereses por el equivalente en pesos de 260,0292 Unidades de Fomento, con vencimiento los días 23 de cada mes, más intereses de 8,42% anual, los cuales se encuentran incluidos en las cuotas señaladas. Que la deudora no pagó la cuota que venció el 23 de agosto de 1998 haciéndose exigible el total adeudado que asciende en capital al 23 de agosto de 1998 a 12.697,0933 Unidades de Fomento más los intereses corrientes devengados entre el 23 de julio de 1998 y el 23 de agosto de 1998 que ascienden a 89,1089 Unidades de Fomento, devengándose, además desde esa fecha y su pago efectivo, intereses corrientes que se capital. Hace presente que se iniciaron las acciones judiciales de cobro de los pagarés mencionados. Que respecto de las deudas contraídas por Inversiones Villarrica Limitada, a favor del Banco Bice, ellas se encuentran documentadas en la escritura que da cuenta del contrato de préstamo, suscrita por ambas partes el 25 de octubre de 1996, por la cantidad original de 83.847,2101 Unidades de Fomento, que la sociedad deudora se obligó a pagar a su representado mediante 66 cuotas mensuales y sucesivas de capital del equivalente en pesos de 1.270,4123 unidades de fomento cada una, con vencimiento los días 25 de los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1997, los días 25 de los meses de enero a diciembre de los años 1998, 199, 2000 y 2001, y los días 25 de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre y octubre de 2002. Que de acuerdo a lo convenido en el contrato de préstamo, el capital adeudado se reajusta entre la fecha de otorgamiento del préstamo, esto es, el día 25 de octubre de 1996 y la fijada para el pago de la última cuota de capital, de acuerdo con la variación que experimente la unidades de fomento y según el valor que para dicha unidad determine el Banco Central de Chile. El capital adeudado, reajustado en la forma señalada, devenga un interés de 8,48% anual, el que se pagará mediante 72 cuotas mensuales y sucesivas con vencimiento los días 25 de los meses de noviembre y diciembre de 1996, los días 25 de los meses de enero a diciembre de 1997, 1998, 200 y 2001, y los días 25 de los meses de enero, febrero, marzo, abril mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2002, agrega que se pactó expresamente en la cláusula quinta del contrato de préstamo que el no pago oportuno de cualesquiera de las cuotas de capital o intereses, dará derecho al Banco a su exclusivo arbitrio para exigir el total de la suma adeudada como si fuera de plazo vencido, y que en tal evento se devengará desde la fecha del no pago, el interés máximo convencional permitido estipular para operaciones de dinero reajustables. Que no habiendo la deudora pagado íntegramente la cuota de capital con vencimiento el 25 de abril de 2000 y la cuota de intereses con vencimiento en la misma fecha, el Banco Bice optó por hacer exigible el total de la suma adeudada como si fuere de plazo vencido, la que asciende en capital a la fecha de la mora a la cantidad de 32.104 unidades de fomento, y a 563,1577 unidades de fomento por intereses adeudados desde el 10 de febrero de 2000 hasta el 25 de abril de 2000, los que se capitalizan. Hace presente que se han iniciado las pertinentes acciones judiciales de cobro del contrato de préstamo en cuestión, en los autos Rol Nº 4.645–2000 que se tramita ante el 26º Juzgado Civil de Santiago. En consecuencia señala que precede que las sociedades demandadas sean condenadas a pagar a su representado en iguales proporciones las deudas que se encuentran documentadas en los pagarés señalados las que ascienden al 7 de junio de 2000 a la suma global de • 374.535.784.– por concepto de capital, encontrándose los intereses pagados hasta esa fecha, respecto de los créditos señalados en las letras a, b y c de esta sentencia, y a la suma de 32.667.1577 unidades de fomento equivalentes a $509.029.378.– al 20 de octubre de 2000, por concepto hasta el día 25 de abril de 2000, en relación con el último crédito detallado.

 A fojas 336 y previo haberse rechazado dos incidentes de nulidad a fojas 89 y 314, y unas excepciones dilatorias a fojas 327, la sociedad Inversiones Las Espalderas contesta la demanda, señalando en general que no se obligó a pagar los créditos que reclama el demandante, siendo el documento que sirve de título a la demandada, que consiste en una simple carta remitida por los demandados por sí y en representación de Inversiones Villarrica Ltda.., al Banco, no constando en el mismo un contrato o convención de ninguna especie. Que las expresiones usadas en el documento invocado por el actor solo se refieren a actos o actuaciones de Inversiones Villarrica Ltda., no imponiéndose ninguna obligación especifica a los restantes firmantes de la carta. Que el Banco demandante intenta por distintas vías judiciales el pago de la misma obligación reclamada, cuya exigibilidad se encuentra en el caso de la deuda directa sujeta a una condición, esto es, que las excepciones opuestas en la ejecución sean rechazadas, y en la hipótesis de las deudas indirectas, sometidas a una modalidad de pago pactada en un Convenio Judicial Preventivo, que solo son exigibles en los términos que dicho Convenio establece. Que en el caso de autos, no hay título que justifique una sentencia de condena, por cuanto la carta citada no es fuente de obligaciones, sino solo se podría llegar a considerar una simple declaración unilateral de buena voluntad. Que la declaración unilateral no puede confundirse con el contrato unilateral, pues la convención exige el consentimiento de ambas partes aún cuando solo una de ellas se obligue, siendo que el acto carece de causa para generar obligaciones a su representada. En subsidio, y en el evento que se estimare que el título invocado es generados de obligaciones, las que se estiman infringidas no corresponde que las cumpla su parte; que sin perjuicio, su parte desconoce la existencia y exigibilidad de los créditos o deudas, para el evento de que se les de valor, tales créditos y/o contratos le son inoponibles.

 A fojas 344 la sociedad Vergara Rourke y Compañía Limitada, contesta la demanda señalando que el Banco Bice siempre estuvo en conocimiento de las negociaciones de Inversiones Villarrica Limitada tendientes a la enajenación de sus activos, e incluso participó en más de una de ellas, agrega que el aviso al Banco no necesariamente debía hacerse por medio de una carta. Respecto de la deuda directa que habría contraído Inversiones Villarrica Limitada para con el Banco Bice no existen, dado que las obligaciones emanadas del contrato de préstamo que sirve de fundamento de las citadas deudas fueron contraídas por una persona jurídica distinta de Inversiones Villarrica Limitada, y el monto de la presunta deuda indirecta no está determinado y estaría casi en su totalidad cancelado. Al efecto, señala que Inmobiliaria Ginebra S.A. junto con la sociedad Comercial Berna S.A. constituyeron en su momento a fin de llevar a cabo el negocio de multitiendas, bajo la marca comercial de Multitiendas Donaire. Que durante el mes de septiembre de 1996 la administración de Inmobiliaria Ginebra S.A. decidió refinanciar los pasivos de corto plazo que afectaban a dicha empresa, solicitando al Banco Bice un crédito de largo plazo por la suma de $1.500.000.000.–; que luego de analizada la situación financiera de la referida Inmobiliaria, el Banco Bice informó que dadas las cuantiosas provisiones que en virtud de las instrucciones impartidas, el Banco Bice informó que dadas las cuantiosas provisiones que en virtud de las instrucciones impartidas por la Superintendencia del ramo debía efectuar si otorgaba el préstamo solicitado, inicialmente, solo estaría dispuesta a prestar a Inmobiliaria Ginebra S.A. la suma de $400.000.000.– que no obstante lo anterior, el Banco Bice impuso como una alternativa distinta a la administración de Inmobiliaria Ginebra S.A., esto es, que el resto del crédito solicitado, ascendente a $1.100.000.000.– fuera suscrito por Inversiones Villarrica Limitada, sociedad que en ese entonces era accionista de la citada Inmobiliaria, para luego ser inmediatamente traspasados dichos fondos a Inmobiliaria Ginebra S.A. para financiar los pasivos de corto plazo que presentaba dicha empresa. Que así, el Banco Bice autorizó la operación, prestando los $1.100.000.000.– en el papel a Inversiones Villarrica Limitada, a fin de que ésta se los traspasase en cuenta corriente a Inmobiliaria Ginebra S.A.; que con el objeto de materializar la simulación impuesta por el Banco Bice demandante envía una nota a Inversiones Villarrica Limitada para que ésta traspase en cuenta corriente a Inmobiliaria Ginebra S.A. las sumas correspondientes al crédito que había otorgado. Que finalmente las cuotas del crédito eran pagadas por Inversiones Villarrica Limitada, pero con fondos que eran obtenidos de la sociedad Inmobiliaria Ginebra S.A., sin perjuicio que ésta última canceló directamente al Banco algunas cuotas del referido crédito. Que Inversiones Villarrica Limitada solo ha sido un intermediario a quien se le impuso dicha condición, pero que nunca tuvo la intención de obligarse por sí mismo careciendo de todo interés en la operación de crédito en que participó y en la que en definitiva eran sólo partes el Banco Bice y la sociedad Inmobiliaria Ginebra S.A.

 Que en lo que respecta a las supuestas deudas indirectas que Inversiones Villarrica Limitada habría contraído a favor del Banco Bice, la demandante señala que dichas deudas provienen de determinados pagarés suscritos por Inmobiliaria Ginebra S.A. todos ellos avalados por Inversiones Villarrica Limitada, siendo que el monto de la supuesta deuda indirecta se está discutiendo ante el tribunal competente. Que por otra parte, la denominada “Carta Compromiso no constituye fuente de obligaciones. Al efecto señala en primera término que la suscripción por parte de los socios de la referida carta no resulta suficiente para que en virtud de ella resulta suficiente para que en virtud de ella resultara obligada Inversiones Villarrica Limitada, pues los socios individualmente no tienen su representación unilateral de voluntad que no constituye fuente de obligación alguna, no siendo ni un contrato, ni un cuasicontrato, ni un delito ni cuasidelito y menos aún una ley. Continúa señalando que las presuntas obligaciones emanadas del documento tantas veces mencionado, cuyo incumplimiento se alega en la presente causa, no fueron en ningún caso incumplidas, y si se llegase a considerar que fueron incumplidas, dicho incumplimiento no es imputable al presunto deudor. Que el Banco demandante siempre tuvo aviso de la operación de venta de la sociedad Financiera Condell S.A. que constituye la única enajenación de activos que representaban más del 50% de los activos fijos o financieros de Inversiones Villarrica Limitada, tanto personalmente por intermedio de su Gerente de Administración y Finanzas, como por los numerosos artículos publicados por la prensa escritas nacional desde el mes de noviembre de 1997 en adelante, lo que hacía que la operación fuera de público conocimiento. Que dado lo anterior, y en el evento que el tribunal llegase a estimar que el documento creaba algún tipo de obligaciones para las demandadas, se habría cumplido a cabalidad la presunta para las demandadas, se habría cumplido a cabalidad la presunta obligación de dar aviso al Banco Bice de la enajenación de activos fijos o financieros de Inversiones Villarrica Limitada que representarán más del 50% de los mismos. En el evento que se estimare que no se cumplió con la obligación señalada, éste sería del todo inimputable toda vez que la enajenación de activos se debió a un caso fortuito o fuerza mayor, lo cual lo exime de la presunta responsabilidad que le podría caber.

 Finalmente, señala que la cláusula cuyo presunto incumplimiento se alega por parte del Banco Bice no tiene ninguna validez jurídica, por adolecer la misma de nulidad absoluta, por cuanto recaer sobre un objeto ilícito, cual es impedir la libre circulación de los bienes.

 A fojas 376 rola la contestación de Inmobiliaria e Inversiones El Pellín Limitada, e Inversiones Las Cepas Limitada señalando en primer lugar que la demanda de autos carece de objeto y es del todo ininteligible y su fallo podría acarrear el pronunciamiento de sentencias contradictorias y un posible enriquecimiento indebido por parte del demandante. Señala al efecto que la existencia de las supuestas deudas directas de Inversiones Villarrica Limitada, a favor del Banco Bice, se encuentran actualmente sujetas a una condición, esto es, que la sentencia que se dicte en el citado juicio ejecutivo se encuentre firme o ejecutoria; que si se analiza la demanda de estos autos, comparándolo con el juicio que se tramita ante el 26º Juzgado Civil de Santiago, se puede llegar a la conclusión que el objeto de ambos procesos son idénticos, pues en los dos, la cosa pedida no es otra cosa que el pago al actor de las supuestas deudas directas que Inversiones Villarrica Limitada habría contraído a su favor, siendo que en el juicio ejecutivo respectivo lo que se discute es la verdadera existencia de la supuesta deuda directa que inversiones Villarrica Limitada mantendría con el Banco Bice, siendo por lo tanto, la certeza jurídica acerca de la existencia de la citada deuda está sujeta a la condición que la sentencia definitiva recaída en el juicio se encuentre firme, razón por la cual la prestación que se pretende en este juicio no es actualmente exigible, por lo que el objeto de la acción adolecería de un vicio que hace imposible que el tribunal pueda siquiera entrar a conocer sobre el asunto ni pronunciarse sobre el fondo. Que respecto de las deudas indirectas tantas veces mencionadas en esta parte expositiva de la sentencia, en el juicio seguido ante el 20º Juzgado Civil de Santiago, justamente lo que se está discutiendo es acerca de la liquidación de la supuesta deuda indirecta, no encontrándose determinado, que le documento fundante no constituye fuente de obligaciones, que las presuntas obligaciones emanadas de la “Carta Compromiso no fueron incumplidas, éste incumplimiento no es imputable al presunto deudor y que la limitación impuesta por el Banco Bice a que Inversiones Villarrica no pudiera ceder o enajenar activos fijos y financieros que representaran más del 50% de los mismos adolece de nulidad absoluta.

 A fojas 414 está la réplica del actor ratificando su demanda.

 A fojas 427 y 429 están los escritos de duplica de las demandadas Inversiones Las Espaldera Limitada, y Vergara Rourke y Compañía Limitada.

 A fojas 435 se tuvo por contestada la demanda en rebeldía de la demandada Inversiones Los Notros Limitada.

 A fojas 436 está la duplica de las demandadas Inmobiliaria e Inversiones El Pellín Limitada e Inversiones Las Cepas Limitada.

 A fojas 453 se llevó a efecto la audiencia de conciliación, con la sola asistencia del apoderado de la parte demandante, no produciéndose ésta atendida la rebeldía de las demandadas.

 A fojas 456 se recibió la causa a pruebas, señalándose los hechos controvertidos, sustanciales y pertinentes sobre los que debió recaer.

 A fojas 633 se citó a las partes para oír sentencia.

 Con lo relacionado y teniendo en consideración:

 I.– En cuanto a unas objeciones de documentos:

 Primero: Que en el otrosí de su escrito de fojas 336, la parte de Inversiones Las Espalderas Ltda. ha deducido objeción a las fotocopias de unos pagarés acompañados a la demanda, por cuanto señala que el único ejemplar válido de un título de crédito para exigir el pago es el original, condición que no cumplen los documentos acompañados, siendo que tampoco se les puede reconocer ningún valor, dado que no cumplen ni consta en ellos que hayan cumplido con el tributo que exige la Ley de Timbre y Estampillas.

 Que finalmente, las fotocopias le son inoponibles, por cuanto no es parte en tales documentos no como aceptante, ni como aval, ni como fiador o codeudor solidario, por lo que no hay razón para que se le pretenda exigir el pago del mismo, y finalmente por no dar cuenta de obligaciones actualmente exigibles, por cuanto las condiciones de pago de las deudas de Inmobiliaria Ginebra, se encuentran sometidas a un Convenio Judicial Preventivo, aprobado por el 27º Juzgado Civil de Santiago. Asimismo, deduce objeción en contra del denominado Contrato de Préstamo, por no tratarse de una copia auténtica que tenga valor, aún así no es posible invocarlo en este pleito, pues el contrato de mutuo del que daría cuenta, es una obligación de dinero que no cumplió con el tributo que impone la Ley de Timbres y Estampillas, siendo también inoponible por no ser parte del contrato de mutuo. Respecto de la carta de 18 de octubre de 1996 la objeta por ser una copia cuya autenticidad no le consta, de establecer una obligación de pagar una suma de dinero debió cumplir con el pago del impuesto que establece la Ley de Timbres y Estampillas lo que no ocurrió, y por no acreditar una obligación de pagar una suma de dinero y menos el pago de las deudas de Villarrica Ltda.

 Segundo: Que por su parte, las sociedades Vergara Rourke y Compañía Limitada, Inmobiliaria e Inversiones El Pellín Limitada e Inversiones Las Cepas Limitada han deducido objeción en contra de los documentos acompañados con los números 1, 2, 3 y 4 de la demanda por ser documentos privados, en su mayoría simples fotocopias, que no tienen en sí valor probatorio alguno.

 Tercero: Que el demandante, también ha deducido objeción documental, a fojas 536, respecto de los documentos acompañados por Inmobiliaria e Inversiones El Pellín Limitada e Inversiones Las Cepas Limitada de fojas 488, respecto del documento acompañado bajo el Nº 1, por no guardar relación con los hechos controvertidos, el Nº 2 por haberse extendido a puntos o de otra sociedad.

 Cuarto: Que los instrumentos privados se caracterizan esencialmente por no estar protegidos por la fe pública que se debe a los instrumentos públicos y que proviene de la participación de un funcionario público en su formación, cumpliendo formalidades especiales, de tal manera que solo hace prueba cuando a sido o se le ha tenido por reconocido dentro del juicio de alguna de las formas que establece el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.

 Quinto: Que para tales efectos, el legislador ha establecido la posibilidad de deducir objeción en contra del instrumento privado, cuando puesto en conocimiento de la parte contraria, no se alegue su falsedad o falta de integridad dentro de los seis días siguientes a su presentación.

 Sexto: Que, en este orden de cosas para que la objeción sea viable, es necesario que se fundamente en alguna de las causales expresadas anteriormente, de tal manera que se impugne precisamente la fe que pueda hacer el instrumento en el juicio, ya sea porque es falso, o porque no resulta ser íntegro en su contenido.

 Séptimo: Que revisadas y analizadas todas y cada una de las fundamentaciones de las partes referidas a las objeciones deducidas, no se advierte de modo alguno que nos encontremos frente a alguna de las causales que el efecto dispone el artículo 346 Nº 3 del Código de Procedimiento Civil, resultando todas ellas ser simples observaciones respecto del valor probatorio de los documentos, lo que corresponde aplicar no a las partes, sino al tribunal que conoce del litigio.

 II.– En cuanto al fondo:

 Octavo: Que don Patricio Fuentes Mechasqui, en representación del Banco Bice, deduce demanda en contra de las sociedades Inmobiliaria e Inversiones El Pellín Limitada, Inversiones las Cepas Limitada, Inversiones Los Notros Limitada, Inversiones Las Espalderas Limitada, Vergara Rourke y Compañía Limitada, representada la primera de ellas por doña Juanita Patricia Rourke Ramírez, y por don Sergio Vergara Rourke, la segunda, por el mismo don Sergio Vergara Rourke, la cuarta por doña Patricia Isabel Vergara Rourke, y la última por don Matías Vergara Rourke, a fin de que se condene a cada una de ellas a pagar a su representada, en iguales proporciones, las correspondientes sumas estipuladas en los pagarés que detalla en el cuerpo de su demanda, que a las fechas indicadas en el mismo, ascienden en capital a la cantidad de $374.535.784.– respecto de las deudas indirectas, y a la suma de 32.667.1577 unidades de fomento, pagadera por su equivalente en pesos moneda nacional, respecto de las deudas directas, más los intereses pactados en los respectivos documentos, todo ello con costas.

 Noveno: Que fundamentando su demanda, señala que consta en el documento fechado el 18 de octubre de 1996, que las demandadas en el caso de no cumplimientos de las obligaciones y compromisos establecidos en el mismo documento, se obligaron a pagar todas las deudas directas e indirectas que la sociedad Inversiones Villarrica Limitada, mantenga con el Banco Bice.

 Que se infringieron los compromisos u obligaciones establecidos en los números 4 y 8 del documento según pasa a señalar:

 1.– En el Nº 4 se establece que las demandadas por sí y en representación de Inversiones Villarrica Limitada, se obligaron a que esta última no cedería ni enajenaría activos fijos o financieros que representen más del 50% de los mismos, entendidos estos últimos como las inversiones o participaciones en otras sociedades, sin previo aviso del Banco Bice; que ello fue motivo de infracción, por cuanto la sociedad Inversiones Villarrica Limitada, a diciembre de 1997 mantenía inversiones en activos fijos financieros por un monto histórico de $8.081.000.000.–, situación que cambió a diciembre de 1998, desapareciendo la totalidad de las inversiones que Inversiones Villarrica Limitada mantenía en su cuenta “activo fijo . Al efecto señala que entre mayo y julio de 1998 la sociedad mencionada, sin el previo consentimiento del Banco Bice procedió a la enajenación de la totalidad de Inversiones que mantenía en las sociedades Santo Tomás Asesorías e Inversiones Casablanca, Casablanca Limitada, Inversiones Andes Limitada, y otras sociedades.

 Por otro lado, al día 31 de julio de 1998 la sociedad Inversiones Villarrica Limitada envió una carta al Banco Bice en la cual reconoce que el día 4 de mayo de 1998 enajenó sus derechos en las sociedades Casablanca Limitada y Forestal y Ganadera Limitada, manifestando, también, que la sociedad Santo Tomás Asesorías e Inversiones Limitada, conjuntamente con la sociedad Inversiones Financieras Limitada, vendieron la Financiera Condell a “Corp Group .

 2.– En el Nº 8 se dispone que él o los avisos a que se refieren los números 4º, 5º, 6º y 7º del antes aludido documento, referente a la autorización previa del Banco Bice para ceder o enajenar activos fijos o financieros que representen más del 50% de los mismos, debieron haber sido enviados a este último con una anticipación previa de 60 días corridos a contar de la fecha que hubieran acontecido los hechos en cuestión, pactándose expresamente que el Banco Bice se podía oponer a la realización de la operación informada por Inversiones Villarrica Limitada y, en el evento que esta última persistiere en su ejecución, se debían prepagar totalmente las deudas que se encontraren pendientes. Que es el caso que el Banco Bice no recibió ninguna carta o solicitud de Inversiones Villarrica Limitada con motivo de la venta que realizó de sus activos; que lo único que recibió fue la aludida carta de 31 de julio de 1998 en la cual le informaba que había enajenado la totalidad de sus activos fijos, a partir de mayo de ese año, destacándose la enajenación de aquellos derechos en sociedades en la cuales compartía la propiedad con el señor Santiago Cummis Marín.

 Continua señalando que la infracción del sistema estipulado en la referida carta de 18 de octubre de 1996, significa que las demandas se encuentran obligadas a pagar todas las deudas directas e indirectas que la sociedad Inversiones Villarrica Limitada mantiene con el Banco Bice.

 Que las deudas indirectas en cuestión se encuentran documentadas en pagarés suscritos por Inmobiliaria Ginebra S.A., figurando en todos ellos como avalista, la sociedad Inversiones Villarrica Limitada, siendo estos los siguientes:

 d. Pagaré suscrito el día 10 de enero de 1997 por una suma original de $25.000.000.– con fecha de vencimiento el día 6 de febrero de 1997, el capital adeudado devenga una tasa de interés de 1,19% mensuales, en los que corresponde pagar conjuntamente con el capital a la fecha de vencimiento ya indicada; que con posterioridad a su vencimiento dicho pagaré fue prorrogado en 16 oportunidades suscribiéndose la última prórroga con fecha 2 de julio de 1998, por un capital de $24.000.000.– más intereses del 1,90% mensuales con fecha de vencimiento el día 31 de agosto de 1998. Que el pagaré devengó la suma de • 912.000.– por concepto de intereses desde la fecha de la última prórroga hasta la de su vencimiento, y a partir de esta última fecha y hasta la de su pago efectivo, se devenga por concepto de interés penal, el interés máximo convencional permitido estipular, de conformidad con lo establecido en el pagaré, el que se calcula sobre el capital más los intereses convencionales devengados hasta el día del vencimiento los que se capitalizan. Que dicho pagaré no fue pagado a la fecha de vencimiento de la última prórroga, por lo que de conformidad a los estipulado en él, se hizo exigible el total de lo adeudado, devengándose, además desde esa fecha y hasta su pago efectivo, intereses de acuerdo con la tasa de interés máximo convencional permitido estipular.

 e. Pagaré suscrito el día 23 de julio de 1997 por una suma original de $200.000.000.– con fecha de vencimiento el día 21 de agosto de 1997; el capital adeudado devenga una tasa de interés de 1,15% mensuales, en los que corresponde pagar conjuntamente con el capital a la fecha de vencimiento ya indicada; que con posterioridad a su vencimiento dicho pagaré fue prorrogado en 10 oportunidades suscribiéndose la última prórroga con fecha 20 de julio de 1998, por un capital de $200.000.000.– más intereses del 1,45% mensuales con fecha de vencimiento el día 19 de agosto de 1998. Que el pagaré devengó la suma de $2.900.000.– por concepto de intereses desde la fecha de la última prórroga hasta la de su vencimiento, y a partir de esta última fecha y hasta la de su pago efectivo, se devenga por concepto de interés penal, el interés máximo convencional permitido estipular, de conformidad con lo establecido en el pagaré, el que se calcula sobre el capital más los intereses convencionales devengados hasta el día del vencimiento los que se capitalizan. Que dicho pagaré no fue pagado a la fecha de vencimiento de la última prórroga, por lo que de conformidad a lo estipulado en él, se hizo exigible el total de lo adeudado, devengándose, además desde esa fecha y hasta su pago efectivo, intereses de acuerdo con la tasa de interés máximo convencional permitido estipular; 

 f. Pagaré suscrito el día 22 de octubre de 1996 por una suma original de $400.000.000.– con fecha de vencimiento el día 21 de noviembre de 1996; el capital adeudado devenga una tasa de interés de 1,45% mensuales, en los que corresponde pagar conjuntamente con el capital a la fecha e vencimiento ya indicada; que con posterioridad a su vencimiento dicho pagaré fue prorrogado en 9 oportunidades suscribiéndose la última prórroga con fecha 23 de julio de 1997, por un capital de $400.000.000.– equivalentes a esa fecha a 14.685, 5975 Unidades de Fomento, pagaderos en pesasen 72 cuotas mensuales de capital e intereses por el equivalente en pesos de 260,0292 Unidades de Fomento, con vencimiento los días 23 de cada mes, más intereses de 8,42% anual, los cuales se encuentran incluidos en las cuotas señaladas. Que la deudora no pagó la cuota que venció el 23 de agosto de 1998 haciéndose exigible el total adeudado que asciende en capital al 23 de agosto de 1998 a 12.697,093 Unidades de Fomento más los intereses corrientes devengados entre el 23 de julio de 1998 y el 23 de agosto de 1998 que ascienden a 89,1089 Unidades de Fomento, devengándose, además que ascienden a 89,1089 Unidades de Fomento, devengándose, además desde esa fecha y su pago efectivo, intereses de conformidad con la tasa de interés máximo convencional permitido estipular, calculados sobre el capital adeudado, más los intereses corrientes que se capital. Hace presente que se iniciaron las acciones judiciales de cobro de los pagarés mencionados.

 Que respecto de las deudas contraídas por Inversiones Villarrica Limitada, a favor del Banco Bice, ellas se encuentran documentadas en la escritura que da cuenta del contrato de préstamo, suscrita por ambas partes el 25 de octubre de 1996, por la cantidad original de 83847,2101 Unidades de Fomento, que la sociedad deudora se obligó a pagar a su representado mediante 66 cuotas mensuales y sucesivas de capital del equivalente en pesos de 1.270,4123 unidades de fomento cada una, con vencimiento los días 25 de los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1997, los días 25 de los meses de enero a diciembre de los años 1998, 1999, 2000 y 2001 y los días 25 de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2002. Que de acuerdo a lo convenido en el contrato de préstamo, el capital adeudado se reajusta entre la fecha de otorgamiento del préstamo, esto es, el día 25 de octubre de 1996 y la fijada para el pago de la última cuota de capital, de acuerdo con la variación que experimente la unidad de fomento y según el valor que para dicha unidad determine el Banco Central de Chile. El capital adeudado, reajustado en la forma señalada, devenga un interés de 8,48% anual, el que se pagará mediante 72 cuotas mensuales y sucesivas con vencimiento los días 25 de los meses de noviembre y diciembre de 1996, los días 25 de los meses de enero a diciembre de 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, y los días 25 de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2002, agrega que se pactó expresamente en la cláusula quinta del contrato de préstamo que el no pago oportuno de cualesquiera de las cuotas de capital o intereses, dará derecho al Banco a su exclusivo arbitrio para exigir el total de la suma adeudada como si fuera de plazo vencido, y que en tal evento se devengará desde la fecha del no pago, el interés máximo convencional permitido estipular para operaciones de dinero reajustables.

 Que no habiendo la deudora pagado íntegramente la cuota de capital con vencimiento el 25 de abril de 2000 y la cuota de intereses con vencimiento en la misma fecha, el Banco Bice optó por hacer exigible el total de la suma adeudada como si fuere de plazo vencido, la que asciende en capital a la fecha de la mora a la cantidad de 32.104 unidades de fomento, y a 563,1577 unidades de fomento por intereses adeudados desde el 10 de febrero de 200 hasta el 25 de abril de 200, los que se capitalizan. Hace presente que se han iniciado las pertinentes acciones judiciales de cobro del contrato de préstamo en cuestión, en los autos Rol Nº 4.645–2000 que se tramita ante el 26º Juzgado Civil de Santiago.

 En consecuencia, señala que procede que las sociedades demandadas sean condenadas a pagar a su representado en iguales proporciones las deudas que se encuentran documentadas en los pagarés señalados las que ascienden al 7 de junio de 2000 a la suma global de $374.535.784.– por concepto de capital, encontrándose los intereses pagados hasta esa fecha, respecto de los créditos señalados en las letras a, b y c de esta sentencia, y a la suma de 32.667,1577 unidades de fomento equivalente a $509.029.378.– al 20 de octubre de 200, por concepto de capital, encontrándose los intereses pagados hasta el día 25 de abril de 2000, en relación con el último crédito detallado.

 Décimo: Que las demandadas han procedido a contestar la demanda en forma separada, la sociedad Inversiones Las Espalderas se defiende diciendo que no se obligó a pagar los créditos que reclama el demandante, siendo el documento que sirve de título a la demanda, que consiste en una simple carta remitida por los demandados por sí y en representación de Inversiones Villarrica Ltda. al Banco, no constando en el mismo un contrato o convención de ninguna especie.

 Que las expresiones usadas en el documento invocado por el actor solo se refieren a actos o actuaciones de Inversiones Villarrica Ltda..., no imponiéndose ninguna obligación específica a los restantes firmantes de la carta. Que el Banco demandante intenta por distintas vías judiciales el pago de la misma obligación reclamada, cuya exigibilidad se encuentra en el caso de la deuda directa sujeta a una condición, esto es, que las excepciones opuestas en la ejecución sean rechazadas, y en la hipótesis de las deudas indirectas, sometidas a una modalidad de pago pactada en un Convenio Judicial Preventivo, que solo son exigibles en los términos que dicho Convenio establece. Que en el caso de autos, no hay título que justifique una sentencia de condena, por cuanto la carta citada no es fuente de obligaciones, sino solo se podría llegar a considerar una simple declaración unilateral de buena voluntad. Que la declaración unilateral no puede confundirse con el contrato unilateral, pues la convención exige el consentimiento de ambas partes aún cuando solo una de ellas se obligue, siendo que el acto carece de causa para generar obligaciones a su representada. En subsidio, y en el evento que se estime que el título invocado es generador de obligaciones, las que se estiman infringidas no corresponde que las cumpla su parte; que sin perjuicio, su parte desconoce la existencia y exigibilidad de los créditos o deudas, para el evento de que se les de valor, tales créditos y/o contratos le son inoponibles.– Inmobiliaria e Inversiones El Pellín Limitada, e Inversiones Las Cepas Limitada han contestada la demanda en similares términos, señalando en primer lugar que la demanda de autos carece de objeto y es del todo ininteligible y su fallo podría acarrear el pronunciamiento indebido por parte del demandante. Señala al efecto que la existencia de las supuestas deudas directas de Inversiones Villarrica Limitada, a favor del Banco Bice, se encuentran actualmente sujetas a una condición, esto es, que la sentencia que se dicte en el citado juicio ejecutivo se encuentre firme o ejecutoriada; que si se analiza la demanda de estos autos, comparándolo con el juicio que se tramita ante el 26º Juzgado Civil de Santiago, se puede llegar a la conclusión que el objeto de ambos procesos son idénticos, pues en los dos, la cosa pedida no es otra cosa que el pago al actor de las supuestas deudas directas que Inversiones Villarrica Limitada, habría contraído a su favor, siendo, que en el juicio ejecutivo respectivo lo que se discute es la verdadera existencia de la supuesta deuda directa que inversiones Villarrica Limitada mantendría con el Banco Bice, siendo por lo tanto, la certeza jurídica acerca de la existencia de la citada deuda está sujeta a la condición que la sentencia definitiva recaída en el juicio se encuentre firme, razón por la cual la prestación que se pretende en esta juicio no es actualmente exigible, por lo que el objeto de la acción adolecería de un vicio que hace imposible que el tribunal pueda siquiera entrar a conocer sobre el asunto no pronunciarse sobre el fondo. Que respecto de la deudas indirectas tanta veces mencionadas en esta parte expositiva de la sentencia, en el juicio seguido ante el 20º Juzgado Civil de Santiago, justamente lo que se está discutiendo es acerca de la liquidación de la supuesta deuda indirecta, no encontrándose determinado, contesta la demanda señalando que el Banco Bice siempre estuvo en conocimiento de las negociaciones de Inversiones Villarrica Limitada tendientes a la enajenación de sus activos, e incluso participó en más de una de ellas, agrega que el aviso al Banco no necesariamente debía hacerse por medio de una carta. Respecto de la deuda directa que habría contraído Inversiones Villarrica Limitada para con el Banco Bice no existen, dado que las obligaciones emanadas del contrato fueron contraídas por una persona jurídica distinta de Inversiones Villarrica Limitada, y el monto de la presunta deuda indirecta no está determinado y estaría casi en su totalidad cancelado. Al efecto, señala que Inmobiliaria Ginebra S.A. junto con la sociedad Comercial Berna S.A. constituyeron en su momento a fin de llevar a cabo el negocio de multitiendas, bajo la marca comercial de Multitiendas Bonaire. Que durante el mes de septiembre de 1996 la administración de Inmobiliaria Ginebra S.A. decidió refinanciar los pasivos de corto plazo que afectaban a dicha empresa, solicitando al Banco Bice un crédito de largo plazo por la suma de $1.500.000.000.–, que luego de analizada la situación financiera de la referida Inmobiliaria, el Banco Bice informó que dadas las cuantiosas provisiones que en virtud de las instrucciones impartidas por la Superintendencia del ramo debía efectuar si otorgaba el préstamo solicitado, inicialmente, solo estaría dispuesta a prestar a Inmobiliaria Ginebra S.A. la suma de $400.000.000.– que no obstante lo anterior, el Banco Bice impuso como una alternativa distinta a la administración de Inmobiliaria Ginebra S.A., esto es, que el resto del crédito solicitado, ascendente a $1.100.000.000.– fuera suscrito por Inversiones Villarrica Limitada, sociedad que en ese entonces era accionista de la citada Inmobiliaria, par luego ser inmediatamente traspasos dichos fondos a Inmobiliaria Ginebra S.A. para financiar los pasivos de corto plazo que presentaba dicha empresa. Que así, el Banco Bice autorizó la operación, prestando los $1.100.000.000.– en el papel a Inversiones Villarrica Limitada, a fin de que ésta se los traspasos en cuenta corriente a Inmobiliaria Ginebra S.A., que con el objeto de materializar la simulación impuesta por el Banco Bice y como una clara manifestación de ésta, el mismo día, el Banco demandante envía una nota a Inversiones Villarrica Limitada para ésta traspase en cuenta corriente a Inmobiliaria Ginebra S.A. las sumas correspondientes al crédito que había otorgado. Que finalmente las cuotas del crédito eran pagadas por Inversiones Villarrica Limitada, pero con fondos que eran obtenidos de la sociedad Inmobiliaria Ginebra S.A., sin perjuicio que ésta última canceló directamente al Banco algunas cuotas del referido crédito. Que Inversiones Villarrica Limitada solo ha sido un intermediario a quien se le impuso dicha condición, pero que nunca tuvo la intención de obligarse por sí mismo careciendo de todo interés en la operación de crédito en que participó y en la que en definitiva eran solo partes el Banco Bice y la sociedad Inmobiliaria Ginebra S.A.

 Que en lo que respecta a las supuestas deudas indirectas que Inversiones Villarrica Limitada habría contraído a favor del Banco Bice, la demandante señala que dichas deudas provienen de determinados pagarés suscritos por Inmobiliaria Ginebra S.A. todos ellos avalados suscritos por Inversiones Villarrica Limitada, siendo que el monto de la supuesta deuda indirecta se está discutiendo ante el tribunal competente. Que por otra parte, la denominada “Carta Compromiso no constituye fuente de obligaciones. Al efecto señala en primer término que la suscripción por parte de los socios de la referida carta no resulta suficiente para que en virtud de ella resultara obligada Inversiones Villarrica Limitada, pues los socios individualmente no tienen su representación, que la “Carta Compromiso no es otra cosa que una declaración alguna, no siendo ni un contrato, ni un cuasicontrato, ni un delito ni cuasidelito y menos aún una ley. Continúa señalando que las presuntas obligaciones emanadas del documento tantas veces mencionado, cuyo incumplimiento se alega en la presente causa, no fueron en ningún caso incumplidas, y si se llegase a considerar que fueron incumplidas, dicho incumplimiento no es imputable al presunto deudor. Que el Banco demandante siempre tuvo aviso de la operación de venta de la sociedad Financiera Condell S.A. que constituye la única enajenación de activos que representaban más del 50% de los activos fijos o financieros de Inversiones Villarrica Limitada, tanto personalmente por intermedio de su Gerente de Administración y Finanzas, como por los numerosos artículos publicados por la prensa escritas nacional desde el mes de noviembre de 1997 en adelante, lo que hacía que la operación fuera de público conocimiento. Que dado lo anterior, y en el evento que el tribunal llegase a estimar que el documento creaba algún tipo de obligaciones para las demandadas, se habría cumplido a cabalidad la presunta obligación de dar aviso al Banco Bice de la enajenación de activos fijos o financieros de Inversiones Villarrica Limitada que representarán más del 50% de los mismos. En el evento que se estimare que no se cumplió con la obligación señalada, éste sería del todo ininputable toda vez que la enajenación de activos se debió a un caso fortuito o fuerza mayor, lo cual lo exime de la presunta responsabilidad que le podría caber Finalmente, señala que la cláusula cuyo presunto incumplimiento se alega por parte del Banco Bice no tiene ninguna validez jurídica, por adolecer la misma de nulidad absoluta, por cuanto recaer sobre objeto ilícito, cual es impedir la libre circulación de los bienes.

 Duodécimo: Que en sus escritos de réplica y dúplica las partes reafirmaron sus dichos.

 Decimotercero: Que en estos antecedentes se encuentra agregada copia de la carta de fecha 18 de octubre de 1996, suscrita por las personas que aparecen firmándola en representación de las demandadas de estos autos, mediante la cual expresan que por sí y en representación de Inversiones Villarrica Limitada, se comprometen para con el Banco Bice, mientras exista alguna deuda directa o indirecta pendiente de la sociedad Inversiones Villarrica Limitada, para con el mismo Banco entre otras y en lo que concierne a este juicio, a lo siguiente: “4º Inversiones Villarrica Limitada, no podrá ceder o enajenar activos fijos o financieros que representen más del 50% de los mismos, entendidos estos últimos como las inversiones o participaciones en otras sociedades, sin aviso previo al Banco Bice 8º El o los avisos a que se refiere en los números 4º, 5º, 6º y 7º de este documento, deberá(n) ser enviado(s) al Banco Bice con una anticipación previa de 60 días corridos, a contar de la fecha en que acontezcan (sic) el o los hecho(s) en cuestión. A su vez, el Banco Bice se podrá oponer a la realización de la operación informada por Inversiones Villarrica y, en el evento que este último persista en su ejecución, se deberán prepagar totalmente las deudas que se encontraran vigentes o pendientes. 9º En caso de no cumplimiento de las obligaciones y compromisos establecidos en esta carta los comparecientes por sí y en representación de Inversiones Villarrica Limitada, deberán cancelar todas las deudas directas e indirectas que dicha sociedad mantenga con el Banco Bice. .

 Decimocuarto: Que como primera cuestión, entonces, está determinar si efectivamente la carta aludida tantas veces, resulta ser fuente de una obligación de las demandadas para con el demandante, de tal manera que si lo es, deberán tratarse las alegaciones y defensas que las partes hayan hecho para excusarse de ella, y si no resulta ser fuente de obligaciones, por este solo hecho serían innecesarios otros pronunciamientos.

 Decimoquinto: Que en este orden de cosas, útil es recordar que de acuerdo al artículo 1437 del Código Civil, las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos sujetos a patria potestad.

 Decimosexto: Que conforme a la disposición legal citada, resulta claramente que la enumeración que efectúa nuestro Código es de carácter taxativo, sin que pueda dar lugar a otras fuentes de las obligaciones distintas a las señaladas en el citado artículo 1437.

 Decimoséptimo: Que en apoyo de ello, el artículo 2284 del Código Civil prescribe que las obligaciones que se contraen sin convención, nacen o de la ley, o del hecho voluntario de una de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ella. Agrega, en perfecta armonía con el artículo 1437 que si el hecho de que nacen es lícito, constituye un cuasicontrato. Si el hecho es ilícito y cometido con intención de dañar, constituye un delito. Si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasidelito.

 Decimoctavo: Que analizada la carta por la que se pretende la condena al pago de las sumas que el Banco demandante señala, tenemos claramente que no se trata de un contrato, entendiéndose éste como la convención generadora de derechos y obligaciones, desde que para que nazca a la vida del derecho como tal, se requiere el acuerdo de voluntades de dos o más personas, y claramente en la mencionada carta dicho acuerdo no existe.

 Decimonoveno: Que por otro lado, no podemos hablar de que en el caso de autos nos encontramos ante la existencia de un cuasicontrato, por cuanto en ellos, la persona que resulta obligada no ha intervenido en nada con su voluntad, e incluso se ha manifestado en contra de éste, lo que en la especie no ocurre por cuanto existe una manifestación de voluntad de los suscriptores de la carta. Por otra parte, si bien el legislador ha enumerado en el artículo 2285 del Código Civil a modo meramente enunciativo la especie de cuasicontratos, lo cierto es que el cuasicontrato debe encontrarse manifestado en nuestra legislación como una institución jurídica, y lo cierto es que la carta con la declaración señalada no lo está.

 Vigésimo: Que siguiendo con el razonamiento señalado precedentemente, obviamente no nos encontramos frente a un delito ni un cuasidelito civil, desde que la carta suscrita no resulta ser un hecho ilícito en si, sino que precisamente es lo contrario, una manifestación que no se encuentra prohibida por la ley.

 Vigésimo primero: Que, no encontrándose bajo ninguna de las fuentes anteriormente tratadas, preciso es determinar si la carta se puede enmarcar en la última fuente de obligaciones que menciona el artículo 1437 del Código Civil.

 Vigésimo segundo: Que en este orden de cosas, la carta constituye una declaración unilateral de los comparecientes, demandados en esta causa, mediante la cual se comprometen a dar cumplimiento a determinados compromisos, señalando que en caso de no cumplimiento de ellos, deberán pagar tanto las deudas directas como indirectas de otra sociedad.

 Vigésimo tercero: Que la declaración unilateral de voluntad como fuente generadora de obligaciones, supone que una persona puede por su sola voluntad transformarse en deudor, sin que intervenga la voluntad de la otra, es decir, el acreedor, por cuanto si el acreedor toma parte en la generación de la obligación, habría contrato, siendo que en la declaración unilateral de voluntad, ella sola coloca al declarante en la situación jurídica de ser un deudor. Sin perjuicio de ellos, es de todos modos necesaria la intervención del acreedor aceptando su derecho, ya que nadie puede ser obligado a adquirir un derecho contra su voluntad, no obstante que la obligación nace desde el momento mismo en que ha sido creada por la voluntad unilateral de quien se obliga.

 Vigésimo cuarto: Que nuestra legislación civil ha ignorado, como se desprende indubitadamente de lo razonado en esta sentencia, de la declaración unilateral de voluntad como fuente de las obligaciones, sin embargo es debatido si ella es capaz de crear obligaciones, y su contracara, derechos personales. Lo que se trata de saber en este punto, es si la declaración unilateral de voluntad, por sí sola, sin recepción de la misma por nadie, puede importar una obligación para el declarante, esto es, si se puede considerar que alguien quede obligado por su sola palabra, esto es, si su mera declaración puede actuar en su contra. De lo que se trata, en suma, es del valor de la declaración unilateral de voluntad como fuente en contra del declarante.

 Vigésimo quinto: Que en este orden de cosas, una relación obligatoria exige dos sujetos, acreedor y deudor, y la voluntad de uno de ellos no puede hacer nacer una obligación. Cada obligación ha de tener el respectivo derecho y en consecuencia si no existe un derecho, si nadie adquiere derechos a cambio, la declaración unilateral de voluntad es perfectamente revocable.

 Vigésimo sexto: Que no obstante lo anterior existen casos en que la ley la consagra a situaciones específicas, y no habría, en consecuencia, dificultad para admitir esta declaración unilateral de voluntad como fuente de obligaciones.

 Vigésimo séptimo: Que a fin de armonizar esta situación útil es señalar que una cosa es admitir la validez de la declaración unilateral de voluntad como categoría general dentro de las fuentes de las obligaciones, y otra cosa es admitir que la ley en determinados supuestos pueda aceptar que una promesa pueda vincular al promitente sin necesidad de aceptación. En este sentido, no habría inconveniente que en determinados casos debidamente tipificados, la ley prescinda de la necesidad de aceptación o la presuma. Desde este segundo punto de vista, cabe señalar que la promesa unilateral no constituye en general un normal instrumento de la autonomía privada en ninguna codificación y que no tiene fundamento normativo alguno. En consecuencia, se deduce de lo anterior que el fenómeno de la declaración unilateral de voluntad no es suficiente para constituir una genuina declaración obligatoria, salvo en aquellos casos expresamente tipificados por la ley, y que son por ello excepcionales.

 Vigésimo octavo: Que analizada la carta y su contenido, no es posible determinar que ellas se encuentre en alguno de aquellos casos tipificados por la ley para estimar que de ella emanen obligaciones jurídicas que permitan ejercer una acción de condena en contra de las demandadas y obtener consecuencialmente el pago de las sumas que se demandan. En efecto, la carta mencionada solo establece una mera declaración, que a lo más, podría considerarse de buena voluntad, un compromiso de honor o una obligación de mero carácter moral, más no una fuente de obligaciones de carácter jurídico de las demandadas.

 Vigésimo noveno: Que en virtud de lo razonado anteriormente, este tribunal estima inoficioso pronunciarse respecto de las demás cuestiones alegadas por las partes.

 Visto, además lo que disponen los artículos 578, 1437, 1698, 2284 del Código Civil; 144, 160, 170, 341, del Código de Procedimiento Civil, se decide:

 a.– Que se desestiman todas las objeciones documentales planteadas por las partes.

 b.– Que se rechaza en todas sus partes la demanda deducida en lo principal de fojas 16.

 c.– Que se condena a la demandante al pago de las costas del juicio.

 Regístrese y archívense en su oportunidad.

 Pronunciada por doña Patricia Castro Pardo, Jueza Titular. Autorizada por don Luis Parra Aravena, Secretario Subrogante. Anotada en el libro de causas en estado de fallo con el Nº 3.506–2001.

 Rol Nº 5.343–2003.

 Santiago, catorce de mayo de dos mil nueve.

 A fs. 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737 y 738: téngase presente.

 Vistos:

 Se confirma la sentencia apelada de once de abril de dos mi seis, escrita a fs. 651 y siguientes.

 Regístrese y devuélvase con su tomo I y sus agregados.

 Pronunciada por la Séptima Sala de esta Corte de Apelaciones, presidida por el Ministro señor Cornelio Villarroel Ramírez e integrada por la Fiscal Judicial señora María Loreto Gutiérrez Alvear y por el Abogado Integrante señor Enrique Pérez Levetzow.

 Rol Nº 9.889–2006.

 Santiago, once de enero de dos mil once.

 Vistos:

 En estos autos Rol Nº 3.501–2001, seguidos ante el Vigésimo Primer Juzgado Civil de Santiago, sobre juicio ordinario de cobro de pesos, caratulados “Banco Bice con Inmobiliaria e Inversiones El Pellín Limitada y otros , la jueza titular por sentencia escrita a fojas 651, de once de abril de dos mil seis, rechazó la demanda, con costas.

 El demandante interpuso recurso de apelación en contra de dicho fallo y una Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, por resolución de catorce de mayo de dos mil nueve, que se lee a fojas 743, lo confirmó.

 En contra de esta última sentencia, el demandante deduce recurso de casación en el fondo.

 Se trajeron los autos en relación.

 Y teniendo en consideración:

 Primero: Que la recurrente denuncia como único error de derecho la infracción al artículo 1437 del Código Civil, materializado en la interpretación equivocada del documento suscrito por las partes de este juicio con fecha 18 de octubre de 1996.

 Explica que la carta en cuestión expresamente dispone: “Los comparecientes por sí y en representación de Inversiones Villarrica Limitada, se comprometen para con el banco Bice, mientras exista –alguna deuda directa o indirecta pendiente de la sociedad de inversiones Villarrica Limitada, para con el mismo banco... , de lo que se evidencia que ésta se encuentra relacionada con una operación de crédito, destilada a conceder líneas de financiamiento a la sociedad antes individualizada o su aval, lo que descarta que su contenido constituya una mera declaración unilateral de voluntad.

 Agrega que este tipo de carta de compromiso, también conocidas como confort letter, si bien pueden contener declaraciones de buena voluntad u obligaciones de carácter moral, es lo cierto que aquella suscrita por los demandados estipula claramente obligaciones de naturaleza civiles o mercantiles para los mismos, puesto que estatuye que Inversiones Villarrica no podía ceder o enajenar activos fijos o financieros que representen más del 50 por ciento de los mismos, sin aviso previo al Banco enviado con una anticipación de sesenta días corridos, disponiendo que la ausencia de aviso, constituía a los demandados por sí y en representación de Inversiones Villarrica en obligados al pago de todas las deudas directas e indirectas que dicha sociedad mantenga con el Banco.

 De lo expuesto resulta palmario, según sostiene, que del documento aludido emanan obligaciones reales y determinadas, que descarta una simple declaración de buena voluntad, lo que por lo demás se ve corroborado con aquello que expusiera la demandada Vergara Rourke y Compañía Limitada al tiempo de contestar la demanda, reconociendo que el documento “...fue redactado y propuesto por el Banco Bice, por lo que a su representada sólo le cabía la posibilidad de adherirse al mismo... 

 Entonces, continúa, la carta constituye la aceptación de una oferta o propuesta del banco, descartándose la declaración unilateral de voluntad por encontrarse en presencia de un contrato o convención, derivada del acuerdo de voluntades de las partes, en virtud del cual surgen obligaciones para cada una de ellas –demandadas–. Se trata así de un contrato unilateral.

 Concluye, conforme a lo previamente expuesto, que el yerro de los sentenciadores y la subsecuente vulneración al artículo 1437 del Código Civil se produce al calificar de declaración unilateral la mentada carta y no de acto jurídico bilateral, como debieron.

 Segundo: Que previo al análisis del error de derecho denunciado resulta necesario tener en consideración los siguientes antecedentes del proceso:

 1.– Don Patricio Fuentes Mechasqui, en representación convencional de banco Bice, deduce demanda ordinaria de cobro de pesos, en contra de Inmobiliaria e Inversiones Pellín Limitada; Inversiones Las Cepas Limitada; Inversiones Los Nostros Limitada; Inversiones La Espalderas Limitada; Vergara Rourke y Compañía Limitada, solicitando se las condene a cada una, en iguales proporciones, a pagar las deudas directas e indirectas a que se encuentra obligada Sociedad de Inversiones Villarrica Limitada, que ascienden 32.667,1577 Unidades de Fomento y $374.535.784.–, respectivamente, más los intereses pactados y las costas de la causa.

 Señala que las demandadas, según da cuenta el documento fechado el 18 de octubre de 2006,– se obligaron a pagar en el caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos que dicho instrumento contiene, todas las deudas directas e indirectas que la sociedad Inversiones Villarrica Limitada mantenga con el Banco.

 Es del caso, que se infringieron los compromisos previstos en los números 4 y 8 del acuerdo, toda vez que no obstante haberse obligado a que la sociedad individualizada no cediera ni enajenara los activos fijos o financieros que representen más del 50%, sin previo aviso al Banco, es lo cierto que ello ocurrió, puesto que en mayo y julio de 1998 Inversiones Villarrica había enajenado sus activos en esa proporción, de lo que sólo dio cuenta al banco el 31 de julio de aquel año, reconociendo de esta forma las enajenaciones realizadas, sin haber obtenido de su parte la autorización a que se encontraban obligados y respecto de las cuales el Banco tenía derecho a oponerse, en cuyo caso y de persistir en la ejecución, las demandadas debían prepagar las deudas que se encontraren pendientes a aquella fecha.

 Explica que las inversiones que posteriormente fueron enajenadas sin su autorización, se consideraron como elemento esencial a la hora de otorgar los créditos que por esta vía se cobran, y que constituyó el motivo por el cual las sociedades demandadas, en calidad de únicas socias de Inversiones Villarrica, suscribieron la carta compromiso.

 Ante la infracción a las obligaciones asumidas por las demandadas, «–están deberán pagar las deudas indirectas que mantiene Inversiones Villarrica con el banco, constituidas por tres pagarés suscritos por Inmobiliaria Ginebra, en que figura como avalista de todos ellos la primera de las sociedades mencionadas por un total de $374.535.784, que actualmente además se encuentra en proceso judicial de cobro en contra de las obligadas directas mediante una acción ejecutiva.

 Sobre la deuda directa, dice que ésta se encuentra constituida por un contrato de mutuo suscrito con Inversiones Villarrica el 25 de octubre de 1996, por un monto original equivalente a 88.847,2101 Unidades de Fomento, de los cuales adeuda 32.667,1577, más los intereses pactados, suma que también se encuentra en disputa ante otro tribunal.

 2.– Inversiones Las Espalderas, al contestar la demanda, solicitó su íntegro rechazo, toda vez que no existe título válido que permita la condena de las demandadas, puesto que el que se invoca es una simple declaración unilateral de voluntad, que no genera obligaciones.

 Explica que el documento en que el actor apoya sus pretensiones es inidóneo para crear un vínculo jurídico en los términos que expresamente prevé el artículo 1437 del Código Civil que regula la materia. Es así como el documento que se alude no constituye más que una declaración unilateral de voluntades, sin que de cuenta de la existencia de un acuerdo previo entre las distintas partes, esto es, entre los declarantes y el Banco. De manera que no ha existido consentimiento, lo que impide atribuirle el carácter de contrato o convención. Tampoco puede considerarse que se esté en presencia de un contrato unilateral, puesto que éste también requiere para su celebración, del consentimiento de ambas partes, aunque sólo una resulte obligada.

 Agrega además que el título del actor se refiere exclusivamente a actos en relación con Inversiones Villarrica, persona jurídica diversa, sin imponer ni especificar obligación alguna respecto de los firmantes.

 Es así como la declaración unilateral de voluntades no es fuente de obligaciones, en la medida que el legislador en la disposición precitada, establece claramente que los únicos hechos voluntarios de una persona fuente de obligaciones, son los cuasicontratos y la aceptación de una herencia y legado, entre los que no se puede incluir la carta sustento de la demanda.

 Sin perjuicio de lo expuesto, alega que no puede pretender el banco otorgar efectos jurídicos al documento en cuestión, el que carece de causa, al no existir reciprocidad entre las partes, sin que pueda considerarse que da cuenta de una mera liberalidad, puesto que de ser así trasformaría el acto en una donación, sin cumplir con las exigencias que para las mismas dispone la ley, provocando la nulidad del acto.

 En subsidio, esgrime que las obligaciones que se dicen incumplidas no correspondían cumplirlas a su parte, sino que exclusivamente recaían en Inversiones Villarrica, por lo que al no existir obligación no puede haber infracción ni incumplimiento, a lo que añade que en todo caso deberá soportar el banco el peso de probar la existencia de un acto doloso y/o culpable.

 Por último, y también en miras al rechazo de la demanda, indica que desconoce la existencia y exigibilidad de las obligaciones que se reclaman.

 3.– La demandada Vergara Rourke y Compañía Limitada, en sus descargos además de reiterar las alegaciones formuladas por Inversiones Las Espalderas sobre la inexistencia de obligación a su respecto, niega la delicias que reclama el banco demandante, explicando para ello, que aquellas denominadas directas fueron contraídas por una persona jurídica distinta de Inversiones Villarrica, aunque formalmente ésta aparezca como deudora, toda vez que el crédito fue realmente conferido a Inmobiliaria Ginebra S.A., sociedad de la cual era accionista al tiempo de la transacción Inversiones Villarrica, sin embargo, en atención al monto del crédito solicitado por Ginebra S.A., fue el propio banco quien propuso que parte de él fuera otorgado a Villarrica Limitada, sociedad esta última que con posterioridad traspasó los fondos a la inmobiliaria, concluyendo a este respecto la existencia de simulación, de manera que el contrato de mutuo adolece de objeto ilícito por infracción a las normas de orden público que regulan la actividad financiera.

 Sobre las deudas indirectas provenientes de los pagarés que se señalan, añade que éstas se encuentran en disputa ante otro tribunal mediante acción ejecutiva, proceso en el que se discute el monto exacto de la obligación, pues existen diversas imputaciones al crédito realizadas por Inversiones Villarrica. A lo que adiciona la existencia de un nuevo juicio, en el cual el banco se adjudicó un inmueble perteneciente a la sociedad señalada, por las mismas obligaciones que ahora cobra.

 En todo caso, invoca la ausencia de incumplimiento de las obligaciones que emanan de la carta de compromiso por parte del presunto deudor, alegando al respecto la existencia de una estafa que propició la venta de Financiera Condell S.A. que representaba más del 50% de los activos fijos de Inversiones Villarrica. La referida venta fue ampliamente publicitada desde octubre de 1997 hasta junio de 1998, de manera tal que el banco siempre estuvo en conocimiento de la transacción, tanto que fue candidato a llevar a cabo el proceso de valorización de la compañía. Incluso, el mandatario de Inversiones Villarrica consultó personalmente al gerente de administración y finanzas de la demandante respecto del interés de la institución en adquirir la financiera, sin perjuicio de los diversos contactos entre ambos para informar sobre el proceso de venta de la financiera.

 De la forma ante dicha, la demandante siempre estuvo en conocimiento de la operación de venta, lo que conforme al tenor literal de la carta de compromiso, permite tener por cumplida la obligación de comunicar al banco, esto es, poner en conocimiento, puesto que no se estableció otra formalidad, sin que éste se haya opuesto a la transacción, más cuando no se requería de su consentimiento.

 Si se estima que ha existido algún tipo de incumplimiento, no le es imputable, toda vez que la enajenación se debió a caso fortuito o fuerza mayor producto de los hechos relatados precedentemente.

 Por último, sostiene que la imposición del banco de prohibir enajenar o ceder más del 50% de los activos fijos y financieros de la–sociedad en cuestión, adolece de nulidad absoluta por impedir la libre circulación de los bienes.

 4.– Inmobiliaria e Inversiones El Pellín Limitada e Inversiones Las Cepas Limitada, al contestar la demanda vuelve a reseñar la ausencia de vinculación entre las deudas indirectas que se cobran con la sociedad Inversiones Villarrica, quien aparece como obligada a las mismas, relatando además las excepciones que la referida sociedad opuso en el juicio ejecutivo que el banco sigue en su contra, donde dice se estableció la simulación denunciada. Sobre este punto, agrega que se persigue el cobro de las deudas mediante procesos diversos, que pueden implicar un doble pago y por ende, un enriquecimiento sin causa.

 Refiere asimismo, las defensas expresadas por las codemandadas.

 5.– Que la sentencia impugnada, al confirmar el fallo de primer grado, ha determinado que procede rechazar la demanda.

 Tercero: Que los jueces del fondo para desestimar la demanda razonan sobre las fuentes de las obligaciones y el carácter taxativo que de la enumeración de ellas hace el artículo 1437 del Código Civil, estableciendo que el título que invoca el banco demandante, constituido por la carta de fecha 18 de octubre de 1996, es una declaración unilateral de voluntad mediante la cual las demandadas se obligan a dar cumplimiento a determinados compromisos, regulando que en caso de incumplimiento, deberán satisfacer tanto las deudas directas como indirectas de otra sociedad.

 Continúan reflexionando sobre la posibilidad que la declaración unilateral de voluntades constituya fuente de obligaciones y por ende, transforme al declarante en deudor, sin intervención en la generación de la obligación del acreedor, sin perjuicio de la necesidad de aceptación por parte de éste último del derecho de que se trata.

 En este contexto agregan que una declaración obligatoria exige la intervención de dos sujetos –acreedor y deudor–, de manera que la voluntad única de uno de ellos no puede hacer nacer una obligación, salvo en los casos en que la ley expresamente admite la declaración unilateral de voluntad como fuente de obligaciones.

 Concluyen que la promesa unilateral no constituye en general un instrumento de autonomía privada de carácter obligatorio, salvo en aquellos casos excepcionales que se encuentran expresamente tipificados por la ley, lo que no ocurre en autos, lo que impide ejercer una acción de condena en contra de los demandados, puesto que el contenido de la carta en cuestión solo establece una mera declaración, que en último término podría solo considerarse como una declaración de buena voluntad, compromiso de honor o una obligación de mero carácter moral.

 Cuarto: Que de lo expuesto en los motivos anteriores resulta palmario que el fallo impugnado ha argumentado su decisión únicamente sobre la base de considerar que en el caso sub judice la carta en que el demandante sustenta su pretensión no constituye una declaración obligatoria generadora de obligaciones, sino que sólo un compromiso de honor, al no estar contemplada dentro de aquellos casos excepcionales que prevé el legislador como fuente de las obligaciones para estos casos.

 En tal sentido y haciéndose cargo esta Corte del razonamiento sobre el cual se ha construido la determinación que reprocha el recurrente, procede consignar que los sentenciadores equivocan al fundamentar la decisión en la forma antedicha, según se analizará.

 Quinto: Que no ha sido materia de discusión en autos la suscripción por parte de los demandados de la carta de fecha 18 de octubre de 1996, dirigida al Banco Bice, titulada “Inversiones Villarrica Limitada , cuyo contenido es el que sigue: “Los comparecientes por sí y en representación de Inversiones Villarrica Limitada, se comprometen para con el Banco Bice, mientras exista alguna deuda directa o indirecta pendiente de la sociedad Inversiones Villarrica Limitada, para con el mismo Banco a lo siguiente: 

 “1º Los comparecientes por sí o a través de sociedades en las que son los únicos socios mantendrán sus derechos en Inversiones Villarrica Limitada, derechos que a esta fecha ascienden al 100% de la participación en la misma, como asimismo también mantendrán sus participaciones en las sociedades socias de ésta última. 

 “2º Inversiones Villarrica Limitada, en ningún momento contraerá endeudamientos superiores a 0,6 veces su patrimonio, entendiendo por endeudamiento como la totalidad de sus pasivos exigibles dividido por la totalidad del patrimonio. Dicho endeudamiento podrá llegar a 0,8 si se trata de créditos otorgados y aprobados por el Banco BICE. 

 “3º Entregar información financiera relativa a las sociedades Inversiones Villarrica Limitada e Inmobiliaria Ginebra S.A. y Comercial Berna S.A., especialmente en lo referente a sus balances auditados y estados de resultado al 30 de junio y al 31 de diciembre de cada año, con un desfase no superior a 60 días. 

 “4º Inversiones Villarrica Limitada, no podrá ceder o enajenar activos fijos o financieros que representen más de los 50% de los mismos, entendidos estos últimos como las inversiones o participaciones en otras sociedades, sin aviso previo al Banco BICE. 

 “5º Inversiones Villarrica Limitada, no se constituirá en avalista sin previo aviso al Banco BICE. 

 “6º Inversiones Villarrica Limitada, no constituirá garantías a favor de terceros sin previo aviso al Banco BICE. 

 “7º Inversiones Villarrica Limitada, no otorgará créditos a sus socios o empresas relacionadas que en su totalidad excedan a $100.000.000.–, salvo previo aviso al Banco BICE y siempre que se cumplan con las demás restricciones establecidas en este documento. 

 “8º El o los avisos a que se refiere en los números 4º, 5º, 6º y 7º de este documento, deberá(n) ser enviado(s) al Banco Bice con una anticipación previa de 60 días corridos, a contar de la fecha en que acontezcan el o los hecho(s) en cuestión. A su vez el Banco BICE se podrá oponer a la realización de la operación informada por Inversiones Villarrica y, en el evento que éste último persista en su ejecución, se deberán prepagar totalmente las deudas que se encontraran vigentes o pendientes.

 “9º En el caso de no cumplimiento de las obligaciones y compromisos establecidos en esta carta, los comparecientes por sí y en representación de Villarrica Limitada, deberán cancelar todas las deudas directas e indirectas que dicha sociedad mantenga con el Banco Bice .

 Sexto: Que, previo a seguir con el análisis del recurso, resulta pertinente expresar que en el derecho de los contratos en materia civil rige el principio base de la autonomía de la voluntad, según el cual las personas pueden concluir todos los actos y convenciones que no estén expresamente prohibidos por las leyes, el cual origina otros principios específicos:

 A) Libertad contractual, que se descompone en: 1) Libertad de conclusión, que permite a las partes decidir libremente: i) si contrata o no lo hace; ii) que tipo de contrato celebra, y iii) la contraparte con quien se vincula. 2) Libertad de configuración interna, por el cual se puede fijar el contenido de la convención y las cláusulas que reflejen en mejor forma la voluntad de las partes.

 B) Consensualismo, según el cual la oralidad es suficiente para obligar a las personas, por lo que es posible que existan contratos verbales, que se expresan en el aforismo “solus consensus obligat .

 C) Fuerza obligatoria, se traduce en la metáfora empleada, por Bello, en cuanto a que los pactos deben honrarse y cumplirse, puesto que todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes contratantes, que se le reconoce bajo el aforismo “pacta sunt Servanda .

 D) Efecto relativo de lo acordado, vinculando sus derechos y obligaciones a quienes son parte en el contrato, sin que se pueda afectar a terceros, a quienes no les empece, surge así el latinismo “res inter aillos acta , que se refuerza en la norma antes recordada, en que el contrato es una ley sólo para los contratantes.

 Tales principios, derivados de la doctrina clásica, han tenido diversas limitaciones y excepciones, las que sin duda los precisan, pues en todo cuanto no se les afecte, restringiéndolos o se disponga una norma que establezca efectos diversos, tienen plena y completa aplicación en la forma indicada.

 El legislador podrá regular las materias que estime corresponde dotar de un estatuto especial, pero en aquellos casos en que no ocurra se formará el consentimiento, que es obligatorio para las partes, por la sola manifestación de voluntad coincidente que expresen los contratantes.

 Séptimo: Que en esta línea el Código Civil establece el principio que el hecho lícito y voluntario de una persona es suficiente para ser obligada, al efecto se puede leer el artículo 578: “Derechos personales o créditos son los que sólo pueden reclamarse de ciertas personas, que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas;... De éstos derechos nacen las acciones personales ; el articulo 1437 dispone: “Las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos...“, y el artículo 2284 señala: “Las obligaciones que se contraen sin convención, nacen o de la ley, o del hecho voluntario de una de las partes . En una interpretación sistemática de nuestro ordenamiento legal, corresponde tener presente que a tales principios se añade el desarrollado por el Código de Comercio, en cuanto a que la declaración unilateral de voluntad es fuente de obligaciones, tanto al reglar la formación del consentimiento, cuanto al reglamentar diferentes actos particulares, en especial la promesa de recompensa. Del mismo modo la legislación especial ha dotado de efecto vinculante a actos unilaterales tales como la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheque y la Ley sobre Letra de Cambio y Pagaré.

 No es dudoso que constituyen fuente de obligaciones tanto el hecho lícito y voluntario de las personas, la declaración unilateral de voluntad, la convención, la ley y todo hecho que irrogue daño a otra persona, si el legislador expresamente no contempla una causa de exclusión o justificación de la misma.

 En relación con el tema de la formación del consentimiento la legislación, la doctrina y la jurisprudencia han avanzado, reconociendo que existe un proceso de “iter contractual , que distingue las distintas etapas de este proceso y el resultado final, preocupándose el derecho de ambos aspectos, sin embargo, el Código de Bello puso mayor atención en la regulación de las relaciones jurídicas constituidas. Siguiendo esta misma política y línea legislativa, reconociendo el procedimiento previo que tienen algunas convenciones, se han determinado y denominado de distinta manera cada una de las etapas, entre las que se reconocen: negociaciones preliminares, puntualización, tratativas, oferta, cierre de negocios, contrato preparatorio y contrato definitivo. Estas actuaciones pueden estar en secuencia, como también ser omitidas y llegar inmediatamente al contrato definitivo. En otras palabras, no resulta indispensable pasar por las referidas etapas, sino en los casos que sea necesario y sin que determine su existencia la naturaleza del contrato que en definitiva se desee concluir, sea éste consensual, real o solemne. El principio de la autonomía de la voluntad, como los que derivan de éste, permiten acordar libremente tales actuaciones, las que tienen efecto vinculante, de manera tal que el incumplimiento imputable al deudor es posible que genere la responsabilidad civil pertinente.

 Octavo: Que sobre la naturaleza de la carta en cuestión, el banco demandante ha sostenido en su recurso, con la finalidad de dotarla de obligatoriedad, que constituye la aceptación de las sociedades demandadas de la oferta formulada por su parte, dando origen a un contrato, postulado que no pasa de ser una afirmación sin fundamento fáctico, conforme a los razonamientos contenidos en la sentencia del a quo, reproducidos por el fallo impugnado.

 Noveno: Que no es óbice para la finalidad perseguida por el recurrente en esta materia, la inexistencia entre las partes de una convención concebida como un acuerdo de voluntades, puesto que contrariamente a lo sostenido por los jueces del fondo la declaración unilateral de voluntad, tal como se dijo en el motivo séptimo de esta sentencia, constituye una fuente de obligaciones en los casos en que el legislador no prevé lo contrario.

 En efecto, la declaración unilateral de voluntad, conocida también como promesa unilateral, forma parte de aquellas fuentes voluntarias de obligaciones, en que el deudor se obliga, sea con acuerdo del acreedor, en cuyo caso se estará en presencia de un contrato, o bien por su sola voluntad que lo transforma en deudor, sin intervención de la de otro. Se autoimpone por su sola voluntad a satisfacer una obligación que no puede negarse a cumplirla una vez aceptada por el acreedor, ampliando de esta forma la esfera jurídica de éste; no es necesario entonces, la voluntad del tercero para el nacimiento de la obligación, puesto que ella solo requiere la voluntad de aquel que se obliga.

 No estamos en presencia de una obligación nacida de la oferta seguida de la aceptación que hace irrevocable la primera, como postula la doctrina clásica, sino que en un acto que hace surgir la obligación con cargo exclusivo a la voluntad del declarante, sin que el beneficiario manifieste su aceptación.

 Décimo: Que en el caso específico que nos ocupa, no cabe duda que el contenido de la carta en análisis se encuadra, en un sentido amplio, dentro del concepto de hecho voluntario a que se refiere el artículo 1437 del Código de Bello y que reúne los requisitos del artículo 1445 del cuerpo normativo citado.

 Es así como en el documento en análisis expresamente se dispuso: “9º En el caso de no cumplimiento de las obligaciones y compromisos establecidos en esta carta, los comparecientes por sí y en representación de Villarrica Limitada, deberán cancelar todas las deudas directas e indirectas que dicha sociedad mantenga con el Banco Bice . Se trata de una obligación determinada,, asumida por los suscribientes a raíz del incumplimiento de ciertas conductas u obligaciones que se detallan, manifestada con un objetivo específico y concreto, el pago bajo ciertos condiciones de la deuda de un tercero, que conforme al instrumento, si bien se refiere una persona jurídica diversa y que no comparece al acto, se encuentra vinculada con cada una de las demandadas por lazos societarios que las llevó a adquirir las obligaciones de que se trata. No puede en ningún caso sostenerse al tenor de la redacción de la carta mencionada, que se trata de una declaración simplemente moral o de buena voluntad, que no impone obligación alguna para sus suscribientes.

 En el proceso no ha existido desconocimiento del contenido de la misiva ni se ha esgrimido ningún tipo de acción que la prive de efectos, sino que por el contrario, del tenor de las defensas de las demandadas que comparecieron al juicio sólo se concluye el cuestionamiento a la obligatoriedad de las declaraciones por ellas mismas manifestadas, al insistir que no constituye una fuente de obligaciones de aquellas que expresamente estatuye el legislador, argumentación que de acuerdo a lo dicho debe desestimarse.

 Undécimo: Que a mayor abundamiento, no puede dejar de advertirse en la actualidad la existencia de un sinnúmero de operaciones mercantiles que escapan a la teoría clásica de los contratos, que pretenden afianzar o reforzar comercialmente una operación, con la finalidad, entre tantas, de contribuir al mejor posicionamiento de una parte ante la otra, y que de acuerdo a su destino, podrán contener estipulaciones con carácter vinculantes, dependiendo de la existencia de obligaciones entre sus cláusulas, en cuyo caso, se apartan de las cartas de intención propiamente dichas o de declaración de buena voluntad y constituyen ya sea declaraciones unilaterales de voluntad, precontratos o bien contratos definitivos, debiendo ceñirse las obligaciones, en el primer caso, a las disposiciones de quienes las hayan otorgado, con respeto al orden público y a derechos de terceros, según las reglas generales aplicables a los contratos.

 Duodécimo: Que no obstante lo señalado precedentemente, y sin desconocer la relevancia de determinar la naturaleza jurídica de este tipo de operaciones, por las consecuencia que de ello se derivan, principalmente en relación con las reglas jurídicas a aplicar, en el caso en análisis se advierte que esta disquisición resulta innecesaria, toda vez que, no obstante arribarse, como se hizo, a la conclusión que las demandadas en virtud de la declaración contenida en el documento en análisis se encontraban obligadas para con el banco demandante en los casos que ellas mismas previeron, aparece que si tuviera que dictarse sentencia de reemplazo –de anularse el fallo impugnado– este Tribunal forzosamente tendría que determinar para la procedencia del pago que por esta acción se persigue –puesto que no debe perderse de vista que en estos autos se ha deducido acción ordinaria de cobro de pesos– el incumplimiento a las cláusulas cuarta y octava; referida la primera, a la imposibilidad de enajenar o ceder por parte de Inversiones Villarrica Limitada sus activos fijos o financieros que representen más de los 50% de los mismos, entendidos estos últimos como las inversiones o participaciones en otras sociedades, sin aviso previo al banco en los términos que estipula la segunda de las cláusulas mencionadas.

 Que, como se adelantó, los sentenciadores del grado se han limitado en su determinación a declarar que el título en que el demandante funda su petición no es generador de obligaciones, empero, en ningún caso se ha emitido pronunciamiento en relación al monto de las obligaciones directas o indirectas que Inversiones Villarrica adeuda al banco demandante ni mucho menos sobre los supuestos, incumplimientos que se atribuyen a las demandadas respecto de las estipulaciones referidas, como parece conjeturar el recurrente en su recurso.

 Lo anterior deja en evidencia que la infracción denunciada, aún cuando se ha producido, no tendría, por cierto, influencia alguna en lo dispositivo de la sentencia reclamada, desde que la pretendida transgresión al artículo 1437 del Código Civil, en la forma expuesta y que el recurrente atribuye al fallo impugnado, de todos modos no habría podido variar la determinación de esta Corte, puesto que tal yerro no habría tenido injerencia sustancial en lo resolutivo del fallo, desde que, con el mérito de los antecedentes que obran en el proceso y que fueron establecidos por los jueces del fondo, este tribunal no logra vislumbrar que se hayan verificado los presupuestos que pudieran hacer procedente la acción de cobro de pesos deducida, en especial los ya indicados, como la naturaleza y montos de los perjuicios, los cuales no se reservó para la fase de cumplimiento o ejecución del fallo declarativo.

 De manera que aunque esta Corte no concuerde con la argumentación que sustenta el fallo recurrido, de todos modos habría de llegar a la misma conclusión a la que se arribó en dicha determinación, esto es, que la demanda interpuesta no puede prosperar por no reunirse los presupuestos que la justifiquen.

 Decimotercero: Que como corolario del análisis que se viene realizando procede concluir que el recurso de casación en el fondo intentado por el demandante debe ser desestimado.

 De conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764 y 767 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto por el abogado Sr. Francisco Ovalle Aldunate, en representación de la demandante, en lo principal de fojas 744, en contra de la sentencia de la Corte –de Apelaciones de Santiago, de fecha catorce de mayo de dos mil nueve, que se lee a fojas 743.

 Regístrese y devuélvase con su tomo I y sus agregados.

 Redacción a cargo de la Ministra Sra. Herreros.

 Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, por los Ministros Sres. Adalis Oyarzún M., Sergio Muñoz G., Sra. Margarita Herreros M., Juan Araya E. y Guillermo Silva G. No firman los Ministros Sr. Muñoz y Sra. Herreros,] no obstante haber concurrido ambos a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios el primero y con permiso la segunda.

 Autorizado por la Ministra de fe de la Corte Suprema.

 Rol Nº 5.484–2009.