Sarkozy enfrenta la crisis retrasando la edad de jubilación
Claudio Palavecino 17 Jun 201017/06/10 a las 23:13 hrs.2010-06-17 23:13:17
(El Mercurio, jueves 17 de junio)
Hombres y mujeres deben cumplir con la misma cantidad de tiempo trabajado:
Sarkozy enfrenta la crisis retrasando la edad de jubilación hasta los 62 años
Junto con la reforma al retiro laboral, que antes era a los 60, el Presidente francés implementará nuevos impuestos para hacer frente a la deuda récord del sistema.
El gobierno francés anunció ayer que aumentará la edad de jubilación e incrementará los impuestos a quienes ganen más dinero en una reforma largamente esperada, que apunta a equilibrar el fuertemente endeudado sistema de pensiones para 2018.
Bajo el plan, la edad mínima para la jubilación se elevará a 62 años desde los 60 actuales (igual para ambos sexos) durante los próximos ocho años, y varios nuevos impuestos sobre plusvalía y rentas de inversiones entrarán en efecto desde 2011 para ayudar a hacer frente al déficit.
El Presidente Nicolas Sarkozy espera que la reforma muestre su seriedad para rebajar drásticamente el déficit público récord y la deuda pública. Pero él enfrenta una batalla potencialmente dura con grandes sindicatos que prometieron luchar contra la reforma, describiéndola como un brutal ataque a los derechos de los trabajadores.
Enorme déficit
La reforma será enviada al Parlamento para su esperada ratificación en septiembre, mientras sindicatos anunciaron un día de protesta, el 24 de junio, esperando ganar apoyo y forzar concesiones. El sistema estatal de pago de pensiones está previsto que registre un déficit de 32 mil millones de euros (39 mil millones de dólares) este año. Para 2050, con una población en envejecimiento, el déficit está estimado que aumente sobre los 100 mil millones de euros (US$ 122 mil millones).
El ministro de Trabajo, Eric Woerth, dijo que la reforma es esencial y advirtió que el problema no podría ser ignorado.
"No podemos ignorar el hecho de que la población francesa está envejeciendo. Debemos enfrentar este hecho. Nuestros pares europeos lo han hecho prolongando labores. No podemos evitar unirnos a este movimiento", aseguró a la prensa.
Aun con el cambio propuesto, Francia todavía tendrá una de las menores edades de jubilación dentro de las naciones desarrolladas. Alemania está ampliándola desde 65 años actualmente hasta 67 en 2029, y Gran Bretaña a 68 años para 2046, informó Reuters.
Pensión completa
Entre otras medidas, Woerth también dijo que será preciso trabajar al menos 41,5 años para 2020 para tener derecho a una pensión completa a los 62, frente a los 40,5 años actuales, y además los funcionarios públicos tendrán que pagar mayores contribuciones, para alinearse con las del sector privado.
Explicó que su propuesta significa que las cuentas de pensiones lograrán un equilibrio para 2018 y registrarán un pequeño superávit para 2020. Sus previsiones están basadas en la premisa de que la tasa de desempleo será del 6,5% en 2018, un bajo nivel no visto en el país desde 1981.
Woerth anunció que el gobierno impondría una sobretasa del 1% en el segmento más alto del impuesto sobre la renta, elevando en 3.700 millones de euros los ingresos en 2018.
"Aquellos que tienen más recursos que otros deben contribuir más que otros a financiar las jubilaciones", dijo Woerth.
Pero los sindicatos reaccionaron con molestia.
"Esta es una reforma brutal", dijo a través de un comunicado el mayor grupo de trabajadores de Francia, el sindicato CGT.
41,5
años , en vez de 40,5, trabajarán los franceses para lograr pensión completa a los 62.
U$39
mil millones es el déficit estimado del sistema estatal de pago de pensiones este año.
6,5%
es la tasa de desempleo prevista para 2018, un bajo nivel no visto en el país desde 1981.
Hombres y mujeres deben cumplir con la misma cantidad de tiempo trabajado:
Sarkozy enfrenta la crisis retrasando la edad de jubilación hasta los 62 años
Junto con la reforma al retiro laboral, que antes era a los 60, el Presidente francés implementará nuevos impuestos para hacer frente a la deuda récord del sistema.
El gobierno francés anunció ayer que aumentará la edad de jubilación e incrementará los impuestos a quienes ganen más dinero en una reforma largamente esperada, que apunta a equilibrar el fuertemente endeudado sistema de pensiones para 2018.
Bajo el plan, la edad mínima para la jubilación se elevará a 62 años desde los 60 actuales (igual para ambos sexos) durante los próximos ocho años, y varios nuevos impuestos sobre plusvalía y rentas de inversiones entrarán en efecto desde 2011 para ayudar a hacer frente al déficit.
El Presidente Nicolas Sarkozy espera que la reforma muestre su seriedad para rebajar drásticamente el déficit público récord y la deuda pública. Pero él enfrenta una batalla potencialmente dura con grandes sindicatos que prometieron luchar contra la reforma, describiéndola como un brutal ataque a los derechos de los trabajadores.
Enorme déficit
La reforma será enviada al Parlamento para su esperada ratificación en septiembre, mientras sindicatos anunciaron un día de protesta, el 24 de junio, esperando ganar apoyo y forzar concesiones. El sistema estatal de pago de pensiones está previsto que registre un déficit de 32 mil millones de euros (39 mil millones de dólares) este año. Para 2050, con una población en envejecimiento, el déficit está estimado que aumente sobre los 100 mil millones de euros (US$ 122 mil millones).
El ministro de Trabajo, Eric Woerth, dijo que la reforma es esencial y advirtió que el problema no podría ser ignorado.
"No podemos ignorar el hecho de que la población francesa está envejeciendo. Debemos enfrentar este hecho. Nuestros pares europeos lo han hecho prolongando labores. No podemos evitar unirnos a este movimiento", aseguró a la prensa.
Aun con el cambio propuesto, Francia todavía tendrá una de las menores edades de jubilación dentro de las naciones desarrolladas. Alemania está ampliándola desde 65 años actualmente hasta 67 en 2029, y Gran Bretaña a 68 años para 2046, informó Reuters.
Pensión completa
Entre otras medidas, Woerth también dijo que será preciso trabajar al menos 41,5 años para 2020 para tener derecho a una pensión completa a los 62, frente a los 40,5 años actuales, y además los funcionarios públicos tendrán que pagar mayores contribuciones, para alinearse con las del sector privado.
Explicó que su propuesta significa que las cuentas de pensiones lograrán un equilibrio para 2018 y registrarán un pequeño superávit para 2020. Sus previsiones están basadas en la premisa de que la tasa de desempleo será del 6,5% en 2018, un bajo nivel no visto en el país desde 1981.
Woerth anunció que el gobierno impondría una sobretasa del 1% en el segmento más alto del impuesto sobre la renta, elevando en 3.700 millones de euros los ingresos en 2018.
"Aquellos que tienen más recursos que otros deben contribuir más que otros a financiar las jubilaciones", dijo Woerth.
Pero los sindicatos reaccionaron con molestia.
"Esta es una reforma brutal", dijo a través de un comunicado el mayor grupo de trabajadores de Francia, el sindicato CGT.
41,5
años , en vez de 40,5, trabajarán los franceses para lograr pensión completa a los 62.
U$39
mil millones es el déficit estimado del sistema estatal de pago de pensiones este año.
6,5%
es la tasa de desempleo prevista para 2018, un bajo nivel no visto en el país desde 1981.
Isapres: tablas de factores de riesgo 1
Claudio Palavecino 16 Jun 201016/06/10 a las 10:02 hrs.2010-06-16 10:02:16
Carta al director de El Mercurio, miércoles 16 de Junio de 2010
Señor Director:
Las isapres son seguros individuales cuyos precios se ajustan por el riesgo de las personas; las mujeres y los de la tercera edad pagan más por su plan porque su costo es mayor y se regula por la tabla de factores de riesgo de cada isapre. Esto, unido al constante aumento de precios, ha provocado que los afiliados consideren injusto este diferencial de precios y reclamen a la Superintendencia, a los tribunales y al Tribunal Constitucional. Es posible que este tribunal, o el Parlamento, derogue la tabla de factores de riesgo. Si esto ocurre sin una legislación complementaria, las isapres deberán aplicar obligatoriamente un sistema de prima plana “solidaria” para cada plan, lo que provocará aumentos de precio a los hombres y población joven y una migración a Fonasa de entre 480 mil y 650 mil cotizantes de menor riesgo relativo. Para regular esta situación y evitar en parte los efectos adversos de la medida se debe legislar considerando a lo menos:
Cambiar la concepción de las isapres y que pasen a ser seguros individuales que solidarizan los riesgos a determinado nivel y cuyo precio, en esa categoría, se paga sin diferencias por sexo, edad y sin selección al ingreso.
La solución se ha hecho en diversos países, y lo más apropiado en Chile sería ampliar y perfeccionar el actual fondo compensatorio por riesgo interisapre, y organizarlo en base a un plan garantizado, el cual debe incorporar el GES, la cobertura adicional por enfermedades catastróficas y otros beneficios que le permitan a la gente acceder a un nivel de salud razonable y coherente con el de Fonasa nivel D.
Las personas pagan el precio del plan independientemente de su riesgo por edad, sexo, y el fondo compensa a los seguros privados en base al riesgo de sus carteras de afiliados ajustadas por morbilidad y nivel de ingresos.
Por sobre ese plan, las personas podrían mejorar su plan pagando voluntariamente primas adicionales ajustadas por riesgo.
El subsidio por incapacidad laboral debe separarse del plan de salud para efectos de financiamiento.x
La decisión del Gobierno de abrirse a discutir este tema con la oposición es una oportunidad para lograr acuerdos que eviten las negativas implicancias de la derogación de la tabla de factores de riesgo sin una legislación complementaria que es indispensable.
Héctor Sánchez
Director Ejecutivo Salud y Futuro Unab
Señor Director:
Las isapres son seguros individuales cuyos precios se ajustan por el riesgo de las personas; las mujeres y los de la tercera edad pagan más por su plan porque su costo es mayor y se regula por la tabla de factores de riesgo de cada isapre. Esto, unido al constante aumento de precios, ha provocado que los afiliados consideren injusto este diferencial de precios y reclamen a la Superintendencia, a los tribunales y al Tribunal Constitucional. Es posible que este tribunal, o el Parlamento, derogue la tabla de factores de riesgo. Si esto ocurre sin una legislación complementaria, las isapres deberán aplicar obligatoriamente un sistema de prima plana “solidaria” para cada plan, lo que provocará aumentos de precio a los hombres y población joven y una migración a Fonasa de entre 480 mil y 650 mil cotizantes de menor riesgo relativo. Para regular esta situación y evitar en parte los efectos adversos de la medida se debe legislar considerando a lo menos:
Cambiar la concepción de las isapres y que pasen a ser seguros individuales que solidarizan los riesgos a determinado nivel y cuyo precio, en esa categoría, se paga sin diferencias por sexo, edad y sin selección al ingreso.
La solución se ha hecho en diversos países, y lo más apropiado en Chile sería ampliar y perfeccionar el actual fondo compensatorio por riesgo interisapre, y organizarlo en base a un plan garantizado, el cual debe incorporar el GES, la cobertura adicional por enfermedades catastróficas y otros beneficios que le permitan a la gente acceder a un nivel de salud razonable y coherente con el de Fonasa nivel D.
Las personas pagan el precio del plan independientemente de su riesgo por edad, sexo, y el fondo compensa a los seguros privados en base al riesgo de sus carteras de afiliados ajustadas por morbilidad y nivel de ingresos.
Por sobre ese plan, las personas podrían mejorar su plan pagando voluntariamente primas adicionales ajustadas por riesgo.
El subsidio por incapacidad laboral debe separarse del plan de salud para efectos de financiamiento.x
La decisión del Gobierno de abrirse a discutir este tema con la oposición es una oportunidad para lograr acuerdos que eviten las negativas implicancias de la derogación de la tabla de factores de riesgo sin una legislación complementaria que es indispensable.
Héctor Sánchez
Director Ejecutivo Salud y Futuro Unab
Fallas estructurales
Claudio Palavecino 27 May 201027/05/10 a las 09:37 hrs.2010-05-27 09:37:27
(Carta al Director de El Mercurio, jueves 27 de mayo de 2010)
Señor Director:
Atribuir a la “codicia privada” el origen de la crisis financiera, como lo hace Ernesto Ottone en su columna de ayer, es tan falaz como culpar a la ley de gravedad de los accidentes aéreos. La codicia ha sido una constante en la historia humana y en pocos lugares se aprecia tan crudamente como en el aparato estatal, donde los escándalos de corrupción son pan de cada día. Ahora bien, la razón por la que Wall Street asumió riesgos desmedidos fue precisamente por la intervención del Estado en los mercados libres. Si la Reserva Federal —una criatura del gobierno norteamericano— no hubiera mantenido tasas de interés artificialmente bajas, la burbuja inmobiliaria jamás habría existido. Del mismo modo, fueron las semiestatales Fannie Mae y Freddie Mac, bajo presión de los políticos norteamericanos, las que garantizaron más del 50% de los créditos subprime responsables del desastre. En cuanto a los rescates a la banca, éstos sólo han empeorado las cosas al concentrar aun más al sector financiero e introducir un elemento sistémico de riesgo moral que no tardará en desembocar en otra crisis aún peor.
Finalmente, no es efectivo, como afirma Ottone, que la situación fiscal y económica deplorable de los países europeos se deba al rescate a las instituciones financieras. Por años, los países europeos vienen exhibiendo bajas tasas de crecimiento económico, además de niveles de desempleo en torno a los dos dígitos. Y también por años que vienen gastando más de lo que producen, arrastrando crecientes déficits fiscales. Por eso, Angela Merkel ha declarado hace poco que “desde hace mucho tiempo que Alemania viene viviendo por sobre sus posibilidades”. Es tiempo de que nuestros progresistas acepten de una vez que el Estado de bienestar, es decir, la idea de que es posible vivir mejor trabajando menos, no es más que una fantasía.
Axel Kaiser
Señor Director:
Atribuir a la “codicia privada” el origen de la crisis financiera, como lo hace Ernesto Ottone en su columna de ayer, es tan falaz como culpar a la ley de gravedad de los accidentes aéreos. La codicia ha sido una constante en la historia humana y en pocos lugares se aprecia tan crudamente como en el aparato estatal, donde los escándalos de corrupción son pan de cada día. Ahora bien, la razón por la que Wall Street asumió riesgos desmedidos fue precisamente por la intervención del Estado en los mercados libres. Si la Reserva Federal —una criatura del gobierno norteamericano— no hubiera mantenido tasas de interés artificialmente bajas, la burbuja inmobiliaria jamás habría existido. Del mismo modo, fueron las semiestatales Fannie Mae y Freddie Mac, bajo presión de los políticos norteamericanos, las que garantizaron más del 50% de los créditos subprime responsables del desastre. En cuanto a los rescates a la banca, éstos sólo han empeorado las cosas al concentrar aun más al sector financiero e introducir un elemento sistémico de riesgo moral que no tardará en desembocar en otra crisis aún peor.
Finalmente, no es efectivo, como afirma Ottone, que la situación fiscal y económica deplorable de los países europeos se deba al rescate a las instituciones financieras. Por años, los países europeos vienen exhibiendo bajas tasas de crecimiento económico, además de niveles de desempleo en torno a los dos dígitos. Y también por años que vienen gastando más de lo que producen, arrastrando crecientes déficits fiscales. Por eso, Angela Merkel ha declarado hace poco que “desde hace mucho tiempo que Alemania viene viviendo por sobre sus posibilidades”. Es tiempo de que nuestros progresistas acepten de una vez que el Estado de bienestar, es decir, la idea de que es posible vivir mejor trabajando menos, no es más que una fantasía.
Axel Kaiser
Los franceses tendrán que trabajar más antes de retirarse
Claudio Palavecino 17 May 201017/05/10 a las 00:47 hrs.2010-05-17 00:47:17
Hoy, en emol:
PARIS.- Los franceses tendrán que trabajar más antes de retirarse y las personas con mayores ingresos pagarán contribuciones más grandes, según los lineamientos amplios de una reforma de pensiones presentada el domingo por el Gobierno galo.
El ministro del Trabajo, Eric Woerth, entregó sus propuestas para la reforma en un documento de 14 páginas enviado a líderes sindicales antes de las conversaciones que comenzarán el lunes.
El Gobierno busca reformar el deficitario sistema estatal de prepago de pensiones para fines de año, con la esperanza de que la medida muestre a los inversionistas que Francia habla en serio a la hora de combatir sus crecientes déficit y deudas.
Woerth dejó un amplio margen para discutir con los sindicatos, pero dijo que hacer que la gente aporte durante más años antes de retirar una pensión era "la base para un (acuerdo) justo y duradero".
Sin embargo, dejó abierto a la negociación si la extensión se realizará elevando la edad de retiro o aumentando la cantidad de años que alguien debe trabajar antes de dejar el empleo. La edad mínima para el retiro en la segunda mayor economía de la zona euro es de 60 años, menor que en muchos de sus vecinos, pero los sindicatos afirman que debería mantenerse a ese nivel para no castigar a las personas que comienzan a trabajar durante su adolescencia.
Bajo una reforma del 2003, el Gobierno introdujo un sistema que incrementaba progresivamente la cantidad de años que la gente debía pagar en el fondo de seguridad social antes de retirar una pensión completa, lo que aumentaría a 41 años el 2012.
Si el Gobierno alzara ese nivel nuevamente, podría significar en efecto que muy pocos trabajadores franceses se podrán retirar a los 60, ya que mucha gente no ingresa al mercado laboral antes de cumplir 20 años.
Como una concesión a los sindicatos, Woerth confirmó que el Gobierno quiere que quienes tengan los mayores ingresos paguen más al sistema, y también se mostró en favor de aumentar los impuestos a las ganancias de capital.
PARIS.- Los franceses tendrán que trabajar más antes de retirarse y las personas con mayores ingresos pagarán contribuciones más grandes, según los lineamientos amplios de una reforma de pensiones presentada el domingo por el Gobierno galo.
El ministro del Trabajo, Eric Woerth, entregó sus propuestas para la reforma en un documento de 14 páginas enviado a líderes sindicales antes de las conversaciones que comenzarán el lunes.
El Gobierno busca reformar el deficitario sistema estatal de prepago de pensiones para fines de año, con la esperanza de que la medida muestre a los inversionistas que Francia habla en serio a la hora de combatir sus crecientes déficit y deudas.
Woerth dejó un amplio margen para discutir con los sindicatos, pero dijo que hacer que la gente aporte durante más años antes de retirar una pensión era "la base para un (acuerdo) justo y duradero".
Sin embargo, dejó abierto a la negociación si la extensión se realizará elevando la edad de retiro o aumentando la cantidad de años que alguien debe trabajar antes de dejar el empleo. La edad mínima para el retiro en la segunda mayor economía de la zona euro es de 60 años, menor que en muchos de sus vecinos, pero los sindicatos afirman que debería mantenerse a ese nivel para no castigar a las personas que comienzan a trabajar durante su adolescencia.
Bajo una reforma del 2003, el Gobierno introdujo un sistema que incrementaba progresivamente la cantidad de años que la gente debía pagar en el fondo de seguridad social antes de retirar una pensión completa, lo que aumentaría a 41 años el 2012.
Si el Gobierno alzara ese nivel nuevamente, podría significar en efecto que muy pocos trabajadores franceses se podrán retirar a los 60, ya que mucha gente no ingresa al mercado laboral antes de cumplir 20 años.
Como una concesión a los sindicatos, Woerth confirmó que el Gobierno quiere que quienes tengan los mayores ingresos paguen más al sistema, y también se mostró en favor de aumentar los impuestos a las ganancias de capital.
TC estudia declarar inconstitucional mecanismo de alza de planes de isapre
Claudio Palavecino 29 Abr 201029/04/10 a las 09:34 hrs.2010-04-29 09:34:29
Tribunal Constitucional definirá si elimina un artículo que regula los aumentos por tramos de edad de cotizantes:
TC estudia declarar inconstitucional principal mecanismo de alza de los planes de isapre
Se ofició al Presidente, a la Cámara y al Senado para que se pronuncien sobre el tema.
CINTHYA CARVAJAL Y RENÉ OLIVARES
El Tribunal Constitucional (TC) decidió pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del artículo 38 ter de la Ley de Isapres, que regula el alza de los planes de salud por tramo de edad a los cotizantes, conocida popularmente como la "tabla de factores de riesgo".
La decisión -que se adoptó por oficio; esto es, sin mediar una solicitud- se tomó la tarde del martes pasado, durante el pleno que reúne a los diez magistrados que conforman este organismo. La resolución fue adoptada por unanimidad de sus integrantes, ya que el TC tiene dentro de sus funciones la atribución de eliminar un artículo de cualquier ley, en caso de encontrarla inconstitucional.
La medida era esperada, ya que se habían realizado varias peticiones al respecto por parte de parlamentarios.
Otra de las razones que influyó en la decisión es que el artículo ha sido declarado inaplicable por este tribunal en cuatro casos particulares, lo que ha significado que las isapres no hayan podido subir los precios a estos cotizantes. Además, durante los últimos meses se acumulan decenas de peticiones de otros casos en el tribunal.
Éste es el principal mecanismo que tienen las isapres para cubrir los riesgos de los seguros, aunque hasta ahora el tribunal ha argumentado en los fallos particulares que resulta contraria a la Constitución, al vulnerar la igualdad ante la ley y los derechos a la salud y a la protección social.
Sin embargo, la Ley de Isapres menciona el alza de los planes de salud por tramo de edad no sólo en el artículo 38 ter, sino también en otros cinco artículos, por lo que este tema también será parte del debate.
Como primera medida, el TC abrió una causa y ofició al Presidente de la República, a la Cámara de Diputados y al Senado, para que emitan su opinión respecto de si se deroga el artículo. Las autoridades tienen un plazo de 20 días para enviar su informe. Durante los próximos días, también se puede hacer parte de esta causa cualquier institución u organismo que se sienta afectado por el tema.
Una vez que se reciban los informes, el TC deberá fijar fecha para oír los alegatos de las isapres y de los otros intervinientes que quieran hacerse parte del proceso. El año pasado las isapres ya habían advertido que el TC podía derogar la "tabla de factores".
4
cotizantes ganaron una inaplicabilidad en el TC y las isapres no les pudieron subir sus planes.
50
recursos de inaplicabilidad se han presentado en el TC y se reclama contra el artículo 38 de la Ley de Isapres.
8
votos de los 10 ministros que conforman el TC se necesitan para eliminar esta regulación.
12
son las tablas de factores que existen en la actualidad en el sistema de salud privado.
TC estudia declarar inconstitucional principal mecanismo de alza de los planes de isapre
Se ofició al Presidente, a la Cámara y al Senado para que se pronuncien sobre el tema.
CINTHYA CARVAJAL Y RENÉ OLIVARES
El Tribunal Constitucional (TC) decidió pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del artículo 38 ter de la Ley de Isapres, que regula el alza de los planes de salud por tramo de edad a los cotizantes, conocida popularmente como la "tabla de factores de riesgo".
La decisión -que se adoptó por oficio; esto es, sin mediar una solicitud- se tomó la tarde del martes pasado, durante el pleno que reúne a los diez magistrados que conforman este organismo. La resolución fue adoptada por unanimidad de sus integrantes, ya que el TC tiene dentro de sus funciones la atribución de eliminar un artículo de cualquier ley, en caso de encontrarla inconstitucional.
La medida era esperada, ya que se habían realizado varias peticiones al respecto por parte de parlamentarios.
Otra de las razones que influyó en la decisión es que el artículo ha sido declarado inaplicable por este tribunal en cuatro casos particulares, lo que ha significado que las isapres no hayan podido subir los precios a estos cotizantes. Además, durante los últimos meses se acumulan decenas de peticiones de otros casos en el tribunal.
Éste es el principal mecanismo que tienen las isapres para cubrir los riesgos de los seguros, aunque hasta ahora el tribunal ha argumentado en los fallos particulares que resulta contraria a la Constitución, al vulnerar la igualdad ante la ley y los derechos a la salud y a la protección social.
Sin embargo, la Ley de Isapres menciona el alza de los planes de salud por tramo de edad no sólo en el artículo 38 ter, sino también en otros cinco artículos, por lo que este tema también será parte del debate.
Como primera medida, el TC abrió una causa y ofició al Presidente de la República, a la Cámara de Diputados y al Senado, para que emitan su opinión respecto de si se deroga el artículo. Las autoridades tienen un plazo de 20 días para enviar su informe. Durante los próximos días, también se puede hacer parte de esta causa cualquier institución u organismo que se sienta afectado por el tema.
Una vez que se reciban los informes, el TC deberá fijar fecha para oír los alegatos de las isapres y de los otros intervinientes que quieran hacerse parte del proceso. El año pasado las isapres ya habían advertido que el TC podía derogar la "tabla de factores".
4
cotizantes ganaron una inaplicabilidad en el TC y las isapres no les pudieron subir sus planes.
50
recursos de inaplicabilidad se han presentado en el TC y se reclama contra el artículo 38 de la Ley de Isapres.
8
votos de los 10 ministros que conforman el TC se necesitan para eliminar esta regulación.
12
son las tablas de factores que existen en la actualidad en el sistema de salud privado.
Límite a depósitos convenidos
Claudio Palavecino 22 Abr 201022/04/10 a las 00:14 hrs.2010-04-22 00:14:22
Límite a depósitos convenidos afectaría la capacidad de aumentar las pensiones
(El Mercurio, miércoles 21 de abril, Economía y Negocios. Entrevista a Andrés Castro, CEO de ING Chile y presidente de AFP Capital)
Gobierno impondrá un límite de $1 millón mensual al uso de este instrumento de ahorro, similar al que ahora tiene el APV.
Julio Pizarro V.
Dentro de los anuncios tributarios realizados por el Gobierno para financiar el plan de reconstrucción, hay uno que está generando incertidumbre en el sector privado.
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, señaló que se limitará el beneficio tributario para los depósitos convenidos al mismo tope que tiene el Ahorro Previsional Voluntario. Es decir, 50 UF mensuales ($1.051.000) y 600 UF anuales ($12.612.000).
Esta medida, según el presidente de ING Chile, Andrés Castro, "limitaría la capacidad de construir pensiones adecuadas en aquellas personas que ganan sobre el tope de renta imponible", que actualmente es de 64,7 UF ($1.360.285).
"Nos preocupa, ya que el depósito convenido es un incentivo al ahorro ampliamente aceptado por las personas", dice el también presidente de AFP Capital.
APV vs. Depósitos
Los depósitos convenidos pueden ser utilizados sólo para financiar la pensión. El empleador aporta un monto en la cuenta de capitalización individual del trabajador en la AFP. Los aportes pueden realizarse en una sola oportunidad o mensualmente, ya sea como un porcentaje de la renta imponible o un monto fijo.
A diferencia del APV, donde los aportes sobre 50 UF mensuales tributan, los depósitos en este tipo de instrumentos no pagan impuestos.
Personas de altos ingresos, tanto para evitar un alza de su base imponible y para mejorar sus pensiones, depositan sus bonos en los depósitos convenidos que son comercializados por las AFP, administradoras de fondos mutuos, compañías de seguros, corredoras de bolsa, que acumulan un stock de US$ 2 mil millones.
"Sin incentivos es difícil que las personas se preocupen de acumular un mayor ahorro complementario, el cual les permitirá asegurar una pensión más cercana a la renta obtenida en último período de vida laboral", agregó Castro.
Según cifras del presidente de AFP Capital, más de 100 mil personas se han acogido a este beneficio. "Lo que no significa una exención tributaria sino que permite diferir el pago de impuestos", finaliza.
Cálculos publicados por ING muestran que un depósito convenido tiene un efecto en la pensión. Por ejemplo, un depósito de $10 millones efectuado a los 40 años genera un aumento de más de $200 mil en la pensión que se recibirá a los 65 años.
Fuentes de la industria previsional agregaron que no es claro el beneficio de homologar los límites tributarios con el APV, ya que el depósito convenido sólo puede ser retirado como parte de la jubilación y/o como excedente de libre disposición.
(El Mercurio, miércoles 21 de abril, Economía y Negocios. Entrevista a Andrés Castro, CEO de ING Chile y presidente de AFP Capital)
Gobierno impondrá un límite de $1 millón mensual al uso de este instrumento de ahorro, similar al que ahora tiene el APV.
Julio Pizarro V.
Dentro de los anuncios tributarios realizados por el Gobierno para financiar el plan de reconstrucción, hay uno que está generando incertidumbre en el sector privado.
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, señaló que se limitará el beneficio tributario para los depósitos convenidos al mismo tope que tiene el Ahorro Previsional Voluntario. Es decir, 50 UF mensuales ($1.051.000) y 600 UF anuales ($12.612.000).
Esta medida, según el presidente de ING Chile, Andrés Castro, "limitaría la capacidad de construir pensiones adecuadas en aquellas personas que ganan sobre el tope de renta imponible", que actualmente es de 64,7 UF ($1.360.285).
"Nos preocupa, ya que el depósito convenido es un incentivo al ahorro ampliamente aceptado por las personas", dice el también presidente de AFP Capital.
APV vs. Depósitos
Los depósitos convenidos pueden ser utilizados sólo para financiar la pensión. El empleador aporta un monto en la cuenta de capitalización individual del trabajador en la AFP. Los aportes pueden realizarse en una sola oportunidad o mensualmente, ya sea como un porcentaje de la renta imponible o un monto fijo.
A diferencia del APV, donde los aportes sobre 50 UF mensuales tributan, los depósitos en este tipo de instrumentos no pagan impuestos.
Personas de altos ingresos, tanto para evitar un alza de su base imponible y para mejorar sus pensiones, depositan sus bonos en los depósitos convenidos que son comercializados por las AFP, administradoras de fondos mutuos, compañías de seguros, corredoras de bolsa, que acumulan un stock de US$ 2 mil millones.
"Sin incentivos es difícil que las personas se preocupen de acumular un mayor ahorro complementario, el cual les permitirá asegurar una pensión más cercana a la renta obtenida en último período de vida laboral", agregó Castro.
Según cifras del presidente de AFP Capital, más de 100 mil personas se han acogido a este beneficio. "Lo que no significa una exención tributaria sino que permite diferir el pago de impuestos", finaliza.
Cálculos publicados por ING muestran que un depósito convenido tiene un efecto en la pensión. Por ejemplo, un depósito de $10 millones efectuado a los 40 años genera un aumento de más de $200 mil en la pensión que se recibirá a los 65 años.
Fuentes de la industria previsional agregaron que no es claro el beneficio de homologar los límites tributarios con el APV, ya que el depósito convenido sólo puede ser retirado como parte de la jubilación y/o como excedente de libre disposición.
Seguros de salud
Claudio Palavecino 21 Abr 201021/04/10 a las 11:50 hrs.2010-04-21 11:50:21
Editorial de El Mercurio, martes 20 de abril.
Sólo el ocho por ciento de las personas que comienzan a trabajar escoge una isapre como seguro de salud, según cifras difundidas por la superintendencia del ramo. Esto significa que gradualmente el sistema privado irá perdiendo peso relativo, pues en la actualidad cubre al 16 por ciento de la población, y hace menos de 10 años llegaba al 20 por ciento. De continuar esta tendencia, el sistema de isapres se reducirá, pero continuará recargándose el sistema estatal, que ya tiene dificultades para responder a la demanda que enfrenta.
No obstante esta declinación cuantitativa, el potencial de las isapres continúa siendo grande si se adoptan políticas apropiadas. Entre los factores que han influido en esta tendencia puede anotarse que a los gobiernos de la Concertación no les agradaba ese sistema, pues lo consideraban poco solidario y estimaban que le restaba al Estado tareas de protección social. La legislación de ese período dio pasos en direcciones cambiantes. Así, la izquierda criticó a las isapres en sus comienzos por considerarlas “empresas de papel” que sólo actuaban en el campo financiero, sin hacer inversiones para prestar servicios reales. A pocos años de su creación, ellas comenzaron a construir clínicas y centros de atención, pero cuando éstos empezaron a tener alguna relevancia, las críticas de esos mismos sectores se centraron en que una integración vertical permitía a las isapres enviar a los pacientes a sus propias clínicas. Tras estimular su participación en la prestación de servicios, se les prohibió por ley participar en la ejecución de prestaciones y tomar parte en la administración de clínicas, centros médicos o laboratorios.
Pero también las isapres tienen parte de responsabilidad por su mala imagen, pues han creado un mercado poco transparente, con mala información a los usuarios. Además, se han defendido de las críticas de políticos y parlamentarios recurriendo a un fuerte lobby ante cada iniciativa legal, incluyendo a algunas que podrían haber fortalecido el sistema. La relación con sus clientes y cotizantes suele ser conflictiva, y aunque muchos chilenos afiliados al sistema público preferirían una isapre si pudieran pagarla, una proporción importante de los que llevan años en el sistema privado expresan insatisfacción con la entidad a que están afiliados.
Con todo, cabe notar que los éxodos de beneficiarios al parecer se producen tras las crisis económicas. El mayor ocurrió tras la crisis asiática, que se acompañó de la eliminación del subsidio a las bajas rentas. En otra decisión cambiante, por años se favoreció la afiliación de personas de bajos ingresos mediante un subsidio, pero durante la disputada campaña electoral de 1999, el Gobierno súbitamente se volvió partidario de suprimirlo. La actitud de los partidos políticos, los parlamentarios y los gobiernos ha tendido a apoyarse en argumentos emocionales algo simplistas, que no constituyen buen fundamento para las políticas públicas. Por eso, a menudo provocan resultados inesperados para ellos: en el caso de los subsidios, las isapres vieron disminuir sus afiliados, pero aumentaron sus ganancias, pues los perjudicados fueron precisamente los más pobres de ese sistema.
El nuevo gobierno debería estudiar a fondo este tema e impulsar una legislación estable.
Sólo el ocho por ciento de las personas que comienzan a trabajar escoge una isapre como seguro de salud, según cifras difundidas por la superintendencia del ramo. Esto significa que gradualmente el sistema privado irá perdiendo peso relativo, pues en la actualidad cubre al 16 por ciento de la población, y hace menos de 10 años llegaba al 20 por ciento. De continuar esta tendencia, el sistema de isapres se reducirá, pero continuará recargándose el sistema estatal, que ya tiene dificultades para responder a la demanda que enfrenta.
No obstante esta declinación cuantitativa, el potencial de las isapres continúa siendo grande si se adoptan políticas apropiadas. Entre los factores que han influido en esta tendencia puede anotarse que a los gobiernos de la Concertación no les agradaba ese sistema, pues lo consideraban poco solidario y estimaban que le restaba al Estado tareas de protección social. La legislación de ese período dio pasos en direcciones cambiantes. Así, la izquierda criticó a las isapres en sus comienzos por considerarlas “empresas de papel” que sólo actuaban en el campo financiero, sin hacer inversiones para prestar servicios reales. A pocos años de su creación, ellas comenzaron a construir clínicas y centros de atención, pero cuando éstos empezaron a tener alguna relevancia, las críticas de esos mismos sectores se centraron en que una integración vertical permitía a las isapres enviar a los pacientes a sus propias clínicas. Tras estimular su participación en la prestación de servicios, se les prohibió por ley participar en la ejecución de prestaciones y tomar parte en la administración de clínicas, centros médicos o laboratorios.
Pero también las isapres tienen parte de responsabilidad por su mala imagen, pues han creado un mercado poco transparente, con mala información a los usuarios. Además, se han defendido de las críticas de políticos y parlamentarios recurriendo a un fuerte lobby ante cada iniciativa legal, incluyendo a algunas que podrían haber fortalecido el sistema. La relación con sus clientes y cotizantes suele ser conflictiva, y aunque muchos chilenos afiliados al sistema público preferirían una isapre si pudieran pagarla, una proporción importante de los que llevan años en el sistema privado expresan insatisfacción con la entidad a que están afiliados.
Con todo, cabe notar que los éxodos de beneficiarios al parecer se producen tras las crisis económicas. El mayor ocurrió tras la crisis asiática, que se acompañó de la eliminación del subsidio a las bajas rentas. En otra decisión cambiante, por años se favoreció la afiliación de personas de bajos ingresos mediante un subsidio, pero durante la disputada campaña electoral de 1999, el Gobierno súbitamente se volvió partidario de suprimirlo. La actitud de los partidos políticos, los parlamentarios y los gobiernos ha tendido a apoyarse en argumentos emocionales algo simplistas, que no constituyen buen fundamento para las políticas públicas. Por eso, a menudo provocan resultados inesperados para ellos: en el caso de los subsidios, las isapres vieron disminuir sus afiliados, pero aumentaron sus ganancias, pues los perjudicados fueron precisamente los más pobres de ese sistema.
El nuevo gobierno debería estudiar a fondo este tema e impulsar una legislación estable.
Ajustes previsionales
Claudio Palavecino 21 Abr 201021/04/10 a las 11:48 hrs.2010-04-21 11:48:21
Editorial de El Mercurio, lunes 19 de abril.
El Gobierno ha dado indicios de que está estudiando eventuales cambios en las cotizaciones previsionales y la edad de jubilación. Al parecer, no existe aún una propuesta concreta, sino sólo está en curso una profundización de los análisis que normalmente se hacen sobre el funcionamiento del sistema previsional. Tras la reforma de 2008, parecen haber quedado muy consolidados los fundamentos del sistema chileno, y aunque algunos observadores críticos estimaron que la crisis económica mundial y su impacto sobre los fondos de pensiones podrían desacreditar todo el esquema, en poco tiempo esas aprensiones han quedado atrás.
No obstante, múltiples disposiciones técnicas, como el funcionamiento de los multifondos, requieren continuos ajustes en la medida en que se van detectando problemas o posibilidades de perfeccionamiento. Pero dos aspectos que están siendo analizados tienen una envergadura mucho mayor -la tasa de cotización y la edad de jubilación-, por cuanto afectan directamente a los trabajadores y, como lo ha demostrado la experiencia reciente en muchos países, poseen el potencial para provocar un efecto político de proporciones. La tasa de cotización incide directamente en el sueldo líquido de los trabajadores, y la edad de jubilación afecta a los sectores mejor organizados, que son aquellos que por edad ya se aproximan a la fecha del retiro laboral. Las razones que se han esgrimido para estudiar estos eventuales cambios son el aumento en la expectativa de vida y la baja densidad de cotizaciones observadas en la experiencia nacional de estos últimos decenios.
Las peculiaridades del sistema chileno abren camino a que ambos asuntos puedan tener soluciones voluntarias. Si alguien piensa que la cotización actual es baja para ha- cer frente a la prolongación de la vida, puede aumentar voluntariamente sus cotizaciones, además de optar por un seguro vitalicio llegado el momento del retiro, sin perjuicio de que también puede postergar libremente la fecha de su jubilación hasta reunir un fondo que le dé tranquilidad. Si advierte que la densidad de sus cotizaciones está muy lejos del ideal, por las razones que sea, también puede aumentar sus cotizaciones voluntarias para incrementar sus ahorros.
Pero la mayoría de las personas detecta estos problemas cuando ya es muy tarde. La necesidad de una mayor educación en materias previsionales es evidente, pero incluso con ella, no siempre las personas reaccionan de manera responsable. Posiblemente una medida útil sería aumentar los beneficios tributarios para quienes hacen aportes de modo voluntario, pero la mayor expectativa de vida y la baja densidad observada de cotizaciones no parecen ser suficiente argumento para efectuar cambios en factores tan sensibles del sistema.
El Gobierno ha dado indicios de que está estudiando eventuales cambios en las cotizaciones previsionales y la edad de jubilación. Al parecer, no existe aún una propuesta concreta, sino sólo está en curso una profundización de los análisis que normalmente se hacen sobre el funcionamiento del sistema previsional. Tras la reforma de 2008, parecen haber quedado muy consolidados los fundamentos del sistema chileno, y aunque algunos observadores críticos estimaron que la crisis económica mundial y su impacto sobre los fondos de pensiones podrían desacreditar todo el esquema, en poco tiempo esas aprensiones han quedado atrás.
No obstante, múltiples disposiciones técnicas, como el funcionamiento de los multifondos, requieren continuos ajustes en la medida en que se van detectando problemas o posibilidades de perfeccionamiento. Pero dos aspectos que están siendo analizados tienen una envergadura mucho mayor -la tasa de cotización y la edad de jubilación-, por cuanto afectan directamente a los trabajadores y, como lo ha demostrado la experiencia reciente en muchos países, poseen el potencial para provocar un efecto político de proporciones. La tasa de cotización incide directamente en el sueldo líquido de los trabajadores, y la edad de jubilación afecta a los sectores mejor organizados, que son aquellos que por edad ya se aproximan a la fecha del retiro laboral. Las razones que se han esgrimido para estudiar estos eventuales cambios son el aumento en la expectativa de vida y la baja densidad de cotizaciones observadas en la experiencia nacional de estos últimos decenios.
Las peculiaridades del sistema chileno abren camino a que ambos asuntos puedan tener soluciones voluntarias. Si alguien piensa que la cotización actual es baja para ha- cer frente a la prolongación de la vida, puede aumentar voluntariamente sus cotizaciones, además de optar por un seguro vitalicio llegado el momento del retiro, sin perjuicio de que también puede postergar libremente la fecha de su jubilación hasta reunir un fondo que le dé tranquilidad. Si advierte que la densidad de sus cotizaciones está muy lejos del ideal, por las razones que sea, también puede aumentar sus cotizaciones voluntarias para incrementar sus ahorros.
Pero la mayoría de las personas detecta estos problemas cuando ya es muy tarde. La necesidad de una mayor educación en materias previsionales es evidente, pero incluso con ella, no siempre las personas reaccionan de manera responsable. Posiblemente una medida útil sería aumentar los beneficios tributarios para quienes hacen aportes de modo voluntario, pero la mayor expectativa de vida y la baja densidad observada de cotizaciones no parecen ser suficiente argumento para efectuar cambios en factores tan sensibles del sistema.
