Número Identificador LexisNexis: 18982
Tribunal Corte Suprema
Fecha 17/07/2001
Rol 2.221‑00
Partes  con Juan Ignacio Cariaga y Cariaga; 
Ministros Alberto Chaigneau del Campo; José Peréz Zañartu; Milton Juica Arancibia; Fernando Castro Alamos; Alvaro Rencoret Silva;
Descriptores
Extradición » Inexistencia de Tratado entre Chile y Portugal. 
Extradición Activa » Normas que la Regulan con la República de Portugal, entre Chile y Portugal, Normas Aplicables, Requisitos de Ilícito para que Proceda, Requisitos del Delito para que Proceda, Procedencia.
Doctrina

 Entre las Repúblicas de Chile y Portugal no existe Tratado de Extradición, por lo cual es necesario remitirse a los Principios Generales del Derecho Internacional, contenidos en el Código de Derecho Internacional Privado y, además, a la Convención de la Séptima Conferencia Internacional Americana, la que fue ratificada por Chile el 2 de julio de 1935; cumpliéndose en la especie los requisitos consignados en ellos para efectuar tal requerimiento respecto del procesado
 El hecho ilícito, según se expone en el auto de procesamiento, con arreglo al artículo 275 del Código de Procedimiento Penal, reviste los caracteres de un delito común y la acción penal para perseguirlo no se halla prescrita
 El señor Fiscal Judicial en su vista estima que procede acceder al pedido de extradición, ello en atención a lo dispuesto precedentemente y a lo establecido en el artículo 637 del Código de Procedimiento Penal.(Considerandos 2º, 3º y 4º de la Sentencia de la Corte Suprema)

Áreas del Derecho :  Derecho Procesal;  Derecho Internacional Privado;  Derecho Penal;  

Legislación aplicada en el fallo :  Código de Procedimiento Penal art 275;  CPP_AR‑275 Código de Procedimiento Penal art 637;  CPP_AR‑637

Texto completo de la Sentencia

SENTENCIA 
 JUEZ DE LETRAS 
 Rancagua, 16 de junio de 2001.

 Vistos: 
 Que con el mérito del parte de fojas 1, dichos de Ingrid Alicia Cabrera Pizarro de fojas 2, orden de investigar de fojas 4, dichos de Mónica Claudia Daluiso Ojeda de fojas 14, de Viviana Cecilia Venegas González de fojas 15, oficio de fojas 19 y documentos ordenados custodiar, cheques serie F96 4072048 por $ 600.000 y serie F96 4072047 por $ 600.000, ambos del Banco de Crédito de Inversiones, se pueden describir los siguientes hechos: 
 Que terceras personas valiéndose de engaños obtuvieron crédito de la Sociedad Eduardo Martínez e Hijos Limitada para pagar una deuda a plazo, defraudándola en la suma de $ 1.200.000. hecho denunciado en esta ciudad en el mes de octubre de 1996.

 Que de estos antecedentes se desprenden fundadas presunciones para estimar que le ha cabido participación de autor en los hechos descritos.

 Que los hechos descritos justifican la existencia del delito que contempla el artículo 468 del Código Penal.

 Y conforme a lo dispuesto en los artículos 274 y 275 del Código de Procedimiento Penal se declara: 
 Que se somete a proceso a Juan Ignacio Cariaga y Cariaga, como autor del delito de estafa ya referido.

 Atendido lo dispuesto en el artículo 635 del Código de Procedimiento Penal, con el propósito de solicitar la extradición del procesado, notifíquese este auto de procesamiento al Procurador de Turno.

 Dictado por el señor Gustavo Vega Belmonte, Juez Titular.

 INFORME DEL FISCAL DE LA CORTE SUPREMA 
 Santiago, 7 de julio de 2000.

 Diligencia 
 Excma. Corte: 
 El juez del Tercer Juzgado del Crimen de Rancagua, señor Gustavo Vega, ha remitido este proceso a V.E. pidiendo que se sirva pronunciarse respecto de la extradición activa de Juan Ignacio Cariaga, a quien ha sometido a proceso como autor de estafa en perjuicio de la Soc. Eduardo Martínez e Hijos Ltda.

 Si bien a fs. 31, al elevar los antecedentes, el juez cita la norma del artículo 350 del Código Orgánico de Tribunales, hay que entender que quiso referirse a los artículos 635 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, lo que indica en la resolución de fs. 30.

 V.E. ha dado vista a esta Fiscalía.

 Según los antecedentes, Juan Cariaga adquirió un pasaje aéreo con destino a Ucrania en junio de 1996; dijo ser pastor de una iglesia ortodoxa. Giró dos cheques, cada uno por $ 600.000 con fecha posterior, el primero, al 15 de julio y el otro al 15 de agosto.

 Ingrid Cabrera, que trabaja en la agencia de turismo que vendió el pasaje, dijo que Cariaga conversó con ella cuando regresó al país y le manifestó que estaba esperando, para pagar, que recibiera un dinero. Pero no cumplió su obligación. La testigo dice que ese inculpado ha estafado a otras personas, y actualmente se encuentra en el extranjero.

 Mónica Daluiso, que es representante de la sociedad perjudicada, dijo a fs. 14 que Cariaga le pidió, al regresar al país, que no le cobrara aún los cheques porque no tenía fondos.

 Los cheques fueron protestados por cuenta cerrada, según se lee en las copias agregadas a fs.10 y siguientes (los documentos originales están en custodia en poder del Tribunal). También se expresa en las actas de protesto que falta una firma giradora, pero se ignora si los cheques debían llevar dos firmas, y aparece del informe del Banco de Crédito e Inversiones de fs. 19 que el titular de la cuenta corriente es el Instituto San Andrés, con poder de firma, como representante de esa Corporación, de Juan Cariaga y Cariaga.

 La causa se encontraba sobreseída por rebeldía, y el 3 de mayo del presente año se desarchivó pues se informó que Cariaga se encuentra viviendo en Portugal (fs. 22).

 A fs. 23 se ha informado que Cariaga registra orden pendiente de aprehensión por robo en la causa Nº 18.125 del Tercer Juzgado del Crimen de Rancagua, y en el de fs. 22 se expresa que registra orden de aprehensión en esta causa por estafa.

 Es extraño que el juez del Tercer Juzgado de Rancagua, que ha pedido la extradición en el proceso Nº 27.197, por estafa, no lo haya hecho respecto del proceso Nº 18.125, por robo.

 Es indispensable, para emitir una opinión sobre esta petición de extradición, que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 350 bis del Código de Procedimiento Penal y, hecho que sea, disponga la acumulación, si procediera, y se solicite la extradición por ambos delitos.

 En atención a lo dicho, sírvase V.E. disponer la práctica de la diligencia indicada.

 Enrique Paillás Peña, Fiscal de la Corte Suprema.

 Santiago, 9 de noviembre de 2000.

 El juez del Tercer Juzgado del Crimen de Rancagua, señor Gustavo Vega, ha remitido este proceso a V.E. pidiendo que se sirva pronunciarse respecto de la extradición activa de Juan Ignacio Cariaga, a quien ha sometido a proceso como autor de estafa en perjuicio de la Soc. Eduardo Martínez e Hijos Ltda.

 Si bien a fs. 31, al elevar los antecedentes, el juez cita la norma del artículo 350 del Código Orgánico de Tribunales, hay que entender que quiso referirse a los artículos 635 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, lo que indica en la resolución de fs. 30.

 Según los antecedentes, Juan Cariaga adquirió un pasaje aéreo con destino a Ucrania en junio de 1996; dijo ser pastor de una iglesia ortodoxa. Giró dos cheques, cada uno por $ 600.000 con fecha posterior, el primero, al 15 de julio y el otro al 15 de agosto.

 Ingrid Cabrera, que trabaja en la agencia de turismo que vendió el pasaje, dijo que Cariaga conversó con ella cuando regresó al país y le manifestó que estaba esperando, para pagar, que recibiera un dinero. Pero no cumplió su obligación. La testigo dice que ese inculpado ha estafado a otras personas, y actualmente se encuentra en el extranjero.

 Mónica Daluiso, que es representante de la sociedad perjudicada, dijo a fs. 14 que Cariaga le pidió, al regresar al país, que no le cobrara aún los cheques porque no tenía fondos.

 Los cheques fueron protestados por cuenta cerrada, según se lee en las copias agregadas a fs. 10 y siguientes (los documentos originales están en custodia en poder del tribunal). También se expresa en las actas de protesto que falta una firma giradora, pero se ignora si los cheques debían llevar dos firmas, y aparece del informe del Banco de Crédito e Inversiones de fs. 19 que el titular de la cuenta corriente es el Instituto San Andrés, con poder de firma, como representante de esa Corporación, de Juan Cariaga y Cariaga.

 La causa se encontraba sobreseída por rebeldía, y el 3 de mayo del presente año se desarchivó pues se informó que Cariaga se encuentra viviendo en Portugal (fs. 22).

 A fs. 33 se había expresado que Juan Cariaga registraría una orden pendiente de aprehensión por robo en causa Rol Nº 18.125 del Tercer Juzgado del Crimen de Rancagua, pero examinada esa causa está comprobado que Luis Ramiro Silva a que se hacía referencia es una persona distinta de Juan Cariaga, de modo que éste no tiene causa pendiente en Chile.

 El juez de ese tribunal sometió a proceso al nombrado Juan Cariaga como autor del delito de estafa que contempla el artículo 468 del Código Penal, para los efectos de pedir su extradición. Según se dice a fs. 22, Cariaga residiría en Portugal, pero al enterarse de que la prórroga de su permiso de estada en Portugal fue denegada para evitar ser notificado, se marchó. Pero podría estar actualmente residiendo en Curia, Anadía, Portugal (fs. 25).

 V.E. ha dado vista a esta Fiscalía.

 Entre Chile y Portugal no existe Tratado sobre Extradición, y por ello es necesario acudir a los Principios Generales del Derecho Internacional, como lo señala el artículo 637 del Código de Procedimiento Penal. Estos principios se hallan claramente manifestados en la Convención de La Habana, de 20 de febrero de 1928, que aprobó el Código de Derecho Internacional Privado y, además, por la Convención de la 7ª Conferencia Internacional Americana, la que fue ratificada por Chile el 2 de julio de 1935. También estas reglas se encuentran contenidas en los tratados bilaterales suscritos sobre esta materia con diversos países y en la doctrina sustentada por la generalidad de los tratadistas.

 De acuerdo con los principios señalados, la extradición está regulada por los siguientes requisitos: 1. Que se trate de un hecho que revista caracteres de delito, tantoen la legislación del país requeriente, como en la del país requerido; 2. Que el delito tenga asignada una pena privativa de libertad de un año como mínimo; 3. Que se trate de un delito actualmente perseguible, en términos de existir decreto de aprehensión o prisión pendiente; 4. Que la acción penal o la pena no se encuentren prescritas; 5. Que el Estado requeriente tenga jurisdicción para juzgar el hecho; y 6. Que no se refiera a un delito político o conexo con algunos de éstos.

 Hasta ahora no está plenamente demostrado el ánimo de defraudar que habría impulsado a Cariaga a solicitar el crédito para la adquisición de un pasaje aéreo. Habría sido conveniente que el juez, antes de elevar el proceso, hubiese investigado si verdaderamente existe esa iglesia protestante a la cual habría pertenecido Cariaga y si se le facultó para que comprara un pasaje con cargo a los fondos de esa organización. E1 señor Ministro de la Corte Suprema que conoce de este procedimiento de extradición podría como trámite, ordenar que el juez previamente haga esas averiguaciones.

 Pero si no fuese de este parecer, puede considerar que procede dar curso a la extradición porque se cumplen los Principios Generales del Derecho y lo contemplado en la Convención de La Habana antes mencionados, porque allí se exige que exista decreto de prisión y en Chile la prisión preventiva emana del auto de reo, el cual no necesita que el delito esté plenamente demostrado –como si se tratara de una sentencia definitiva– sino de fundadas presunciones; y estas fundadas presunciones existen a la luz de los hechos ya mencionados.

 Por lo expuesto, el señor Ministro instructor podría, en opinión de esta Fiscalía, dar curso al pedido de extradición de Juan Ignacio Cariaga y Cariaga.

 Es necesario ordenar la devolución del proceso Rol Nº 55.553‑Z del Primer Juzgado del Crimen de Puente Alto, que se tuvo a la vista.

 Enrique Paillás Peña, Fiscal de la Corte Suprema.

 CORTE SUPREMA 
 Santiago, 17 de julio de 2001.

 Vistos: 
 El juez del Tercer Juzgado del Crimen de Rancagua, ha elevado estos antecedentes Rol Nº 27.197 de ese tribunal, para que esta Corte Suprema declare si es procedente o no pedir la extradición al Gobierno de Portugal del ciudadano de nacionalidad chilena Juan Ignacio Cariaga y Cariaga.

 A fojas 32 se dio vista al Sr. Fiscal Judicial, quien luego de cumplida la diligencia sugerida por dicho Ministerio, informó en los términos que se leen en su dictamen de fojas 49.

 Se trajeron los autos en relación: 
 Considerando: 
 1º) Que el magistrado del Tercer Juzgado del Crimen de Rancagua solicita se declare si es procedente pedir la extradición del ciudadano chileno Juan Ignacio Cariaga y Cariaga, contra quien se ha dictado a fojas 30 auto de procesamiento, como autor del delito de estafa contemplado en el artículo 468 del Código Penal, resolución que notificada al procurador del número de turno Marco Ceroni Bravo, en representación del procesado ausente, no fue recurrida, por lo cual se encuentra firme, como requiere el artículo 636 del Código de Procedimiento Penal, apareciendo del informe de la Oficina Central Nacional Interpol de la Policía de Investigaciones de Chile de fojas 125, que el requerido se encuentra residiendo en la ciudad de Lisboa, Portugal.

 2º) Que entre las Repúblicas de Chile y Portugal no existe Tratado de Extradición, por lo cual es necesario remitirse a los Principios Generales del Derecho Internacional, contenidos en el Código de Derecho Internacional Privado y, además, a la Convención de la Séptima Conferencia Internacional Americana, la que fue ratificada por Chile el 2 de julio de 1935; cumpliéndose en la especie los requisitos consignados en ellos para efectuar tal requerimiento respecto del mencionado procesado; 
 3º) Que el hecho ilícito, según se expone en el auto de procesamiento de fojas 30, con arreglo al artículo 275 del Código de Procedimiento Penal, reviste los caracteres de un delito común y la acción penal para perseguirlo no se halla prescrita; 
 4º) Que el señor Fiscal Judicial en su vista de fojas 49 a 51, estima que procede acceder al pedido de extradición, ello en atención a lo dispuesto precedentemente y a lo establecido en el artículo 637 del Código de Procedimiento Penal; 
 5º) Que, en consecuencia, se reúnen los requisitos necesarios para solicitar la extradición del mencionado procesado; 
 Y de acuerdo, además, con lo dispuesto en los artículos 635, 637, 638, 639, 640 y 641 del Código de Procedimiento Penal, se declaraque es procedente solicitar la extradición del ciudadano chileno Juan lgnacio Cariaga y Cariaga, al Gobierno de Portugal.

 Para el cumplimiento de lo resuelto diríjase oficio al señor Ministro de Relaciones Exteriores, a fin de que se sirva ordenarse practiquen las diligencias diplomáticas que sean necesarias.

 Se acompañará al oficio copia del presente fallo, del dictamen del señor Fiscal Judicial, resoluciones que someten a proceso al requerido, con constancia de su notificación, de los antecedentes principales en que se funda, de las disposiciones que establecen el ilícito, definen la participación del imputado, precisan la sanción y establecen normas sobre prescripción de la acción penal y su suspensión; de las relativas a las exigencias para pronunciar el auto de prisión y las que se refieren a la forma cómo se ejerce la acción para perseguir el delito; de los antecedentes sobre la identidad del requerido, sus fotografías si las hubiera y de las disposiciones legales citadas en el presente fallo, con atestado de su vigencia.

 Regístrese y devuélvase, en su oportunidad, los autos y sus correspondientes agregados a su tribunal de origen.

 Pronunciado por los Ministros señores Alberto Chaigneau del C., José Peréz Z. y Milton Juica A. y los Abogados Integrantes señores Fernando Castro A. y Álvaro Rencoret S. No firma el Ministro señor Juica, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por encontrarse en comisión de servicios.

 Rol Nº 2.221‑00